Una mayoría cualificada de ocho jueces de los once del Tribunal Supremo amenazó con votar a favor de la anulación. Pero el cambio de bando de último minuto por parte de uno de ellos cambió el equilibrio de poder. “Se rechazan los presentes recursos de inconstitucionalidad”, escribió la Corte en su sentencia luego de más de cinco horas de deliberaciones públicas.
Promulgada a mediados de septiembre por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tras un complejo proceso de adopción por parte del parlamento nacional y de la mayoría de los estados, la reforma es defendida ardientemente por el nuevo presidente Sheinbaum, que asumió el poder el 1 de octubre.
Un cambio de opinión de último minuto
La izquierda, que cuenta con una gran mayoría en el Parlamento, justifica esta reforma para luchar contra la “corrupción”, el “nepotismo” y los “privilegios” de los jueces no electos.
“Celebro que prevaleciera la razón, la decencia y la legalidad”, dijo a la prensa el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras la decisión del tribunal.
Un proyecto de sentencia elaborado por uno de los jueces de la Corte, Juan Luis González Alcántara, anuló parcialmente la reforma al declarar constitucional la elección por sufragio universal de los magistrados de la Corte Suprema, pero no la de los jueces de rango inferior. Para ser adoptada, esta sentencia debía ser aprobada por al menos ocho de los once jueces del Tribunal Supremo.
Hasta el martes, sólo tres jueces considerados cercanos a la izquierda habían anunciado que votarían en contra. Pero contra todo pronóstico, al inicio de la audiencia se les unió un cuarto magistrado, quien criticó duramente la reforma pero se negó a declararla contraria a la Constitución mexicana.
Cancelar la reforma “sería responder a una locura llevada irresponsablemente al texto supremo (la Constitución), con otra locura equivalente”, justificó este juez, Alberto Pérez Dayán.
Temor a una crisis constitucional de gravedad sin precedentes
Esta decisión elimina la posibilidad de una crisis entre la presidencia y el poder judicial. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), en el poder desde 2018, acusa al sistema de justicia de estar al servicio de una élite conservadora. La oposición y los funcionarios judiciales, movilizados desde hace semanas, denuncian un desafío a la independencia del poder judicial.
Los manifestantes se reunieron durante los debates, retransmitidos en directo por Internet, frente a la sede de la Corte Suprema de México. “El poder judicial debe ser un contrapeso a otros poderes”, dijo a la AFPTV la manifestante María de los Ángeles Ortiz, de 54 años, secretaria del Tribunal Supremo. “La reforma no debe aprobarse”, de lo contrario “México se hundirá aún más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de los jueces puestos por Morena”, añadió.
Con la “politización del sistema judicial”, los inversores pueden preguntarse si “los desacuerdos entre la comunidad empresarial y el gobierno se resolverán de manera imparcial”, preguntó la empresa británica Capital Economics en una nota a sus clientes.
Los analistas temían que una revocación de la reforma por parte de la Corte Suprema desencadenaría una crisis constitucional de gravedad sin precedentes. Claudia Sheinbaum creía que la Corte Suprema no tenía la facultad de revocar una reforma sin violar ella misma la Constitución. “No podemos dar marcha atrás en lo que decidió el pueblo” y en lo que “ya forma parte de la Constitución”, dijo el martes.
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