Profesores, enfermeras, trabajadores sociales, bibliotecarios… Ahora pueden respirar. Apoyado por los Demócratas Suecos (SD, extrema derecha), el gobierno liberal-conservador no los va a obligar a denunciar a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el ejercicio de su profesión. Ésta es la principal lección de la investigación gubernamental presentada el martes 26 de noviembre, en presencia del Ministro de Inmigración, Johan Forssell, por la ex magistrada del Tribunal de Apelación de Estocolmo, Anita Linder.
¿Cómo podemos ver esto como algo más que un enorme desaire hacia los Demócratas Suecos? Desde 2010 y su entrada en el Parlamento, el partido ha hecho campaña para que los empleados municipales y regionales, así como los funcionarios de agencias gubernamentales, se vean obligados a denunciar a los inmigrantes ilegales a la policía. Una medida que el partido de extrema derecha defendió solo, hasta el otoño de 2022 y su alianza con los conservadores, los democristianos y los liberales.
En el acuerdo de coalición, conocido como “Tidö”, firmado el 14 de octubre de 2022 por los cuatro partidos, existe el principio de una «obligación de información»presentada como una de las medidas emblemáticas de “cambio de paradigma” anunciado por la mayoría, en los ámbitos de la inmigración y el asilo. Los socios de la coalición querían imponerlo a los municipios, responsables de la gestión de las escuelas y los servicios sociales, y a las 400 agencias gubernamentales. La única excepción prevista: el sector sanitario.
“Los riesgos eran demasiado grandes”
Pero primero fue necesario llevar a cabo una investigación gubernamental para determinar los contornos de la futura ley. Sin embargo, sorpresa: en sus conclusiones, presentadas el martes, recomienda que los empleados de sólo seis agencias (la oficina de impuestos, la seguridad social, la agencia de recuperación de deudas, la agencia nacional de empleo, el Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Vigilada y la Agencia de Pensiones) se ven obligados a ponerse en contacto con la policía, que puede transmitir la información a los servicios de inmigración y de inteligencia.
Queda excluido el personal de establecimientos educativos, servicios de salud, bibliotecas y servicios sociales. “Los riesgos eran demasiado grandes”observó Ma mí Linder: que las personas en situación irregular ya no se atreven a buscar tratamiento ni a enviar a sus hijos a la escuela por miedo a ser denunciadas; también que Suecia deje de respetar sus obligaciones internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, y sus propias leyes.
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