Estados Unidos tiene más de 11 millones de inmigrantes ilegales, según las estimaciones, y las asociaciones de derechos humanos están preocupadas por los estragos del proyecto republicano en esta población y en el Estado de derecho.
Una gran cantidad de economistas también han advertido que, además del asombroso costo de tal programa, enviar de regreso a millones de trabajadores migrantes tendría un impacto inconmensurable en la economía estadounidense, que ya está experimentando una escasez de mano de obra.
Donald Trump declaró en abril que la Guardia Nacional, cuerpo militar dependiente de los estados americanos, “debería ser capaz” de hacerse cargo de las expulsiones.
“Si ese no fuera el caso, usaría el ejército”, es decir, tropas federales, dijo a Time.
La Constitución permite al presidente declarar una “emergencia nacional” en situaciones excepcionales. Durante su primer mandato, Donald Trump implementó esta disposición “relativa a la frontera sur” de Estados Unidos, con el fin de destinar un presupuesto de 8 mil millones de dólares a la construcción de un muro en la frontera con México.
