Ouest-France publica aquí una columna enviada por Tristan Foveau, primer secretario federal del PS de Finistère, elegido por Brest y Metrópoli, y consejero departamental.
“Pierre-Yves Cadalen firmó recientemente un proyecto de ley para derogar el delito de glorificación del terrorismo. Con el pretexto de defender las libertades fundamentales, esta iniciativa se parece más a una provocación intelectual que a un planteamiento legislativo serio. Sobre todo, amenaza con crear un vacío jurídico en la lucha contra la propaganda terrorista.
Introducido en 2014 en el artículo 421-2-5 del Código Penal, el delito de apología del terrorismo fue diseñado para responder a la evolución de las amenazas contemporáneas. Se ha convertido en una herramienta autónoma del arsenal criminal, en particular para castigar discursos difundidos en línea. En 2022, se dictaron más de 400 condenas sobre esta base, dirigidas a comportamientos que glorifican la violencia y alimentan la radicalización. El proyecto de ley busca eliminar este marco legal sin proponer una solución alternativa creíble.
“Un riesgo de vacío legal”
Antes de 2014, los actos de disculpa estaban regidos por la ley de prensa de 1881, mal diseñada para las realidades digitales y las cuestiones de seguridad modernas. En 2014, la creación de un delito independiente en el Código Penal tenía como objetivo crear una respuesta más rápida y adaptada en el contexto de una amenaza terrorista, al tiempo que preveía sanciones más disuasorias, de hasta siete años de prisión.
Contrariamente a lo que afirman los autores de la propuesta, no prevé restablecer estos delitos en la ley de 1881. Simplemente deroga el delito de apología del terrorismo, dejando el riesgo de un vacío jurídico. ¿Cómo podemos explicar a nuestros conciudadanos que la glorificación de los actos terroristas ya no puede sancionarse de manera efectiva? En el contexto de la amenaza terrorista que hemos experimentado desde 2011, esta propuesta parece innecesariamente controvertida.
“Proteger nuestras instituciones”
Ciertamente, el delito de glorificar el terrorismo es objeto de críticas legítimas. Existen áreas de mejora: aclarar los contornos del delito definiendo con mayor precisión las conductas incriminadas para evitar interpretaciones excesivas o arbitrarias; crear un organismo de evaluación independiente capaz de verificar que la aplicación de este delito respeta la proporcionalidad y la libertad de expresión, particularmente en el caso de comentarios que no sean directamente incitantes.
Por lo tanto, este proyecto de ley desvía un debate útil, el del equilibrio entre seguridad y libertades fundamentales, reduciéndolo a una postura. En lugar de proponer soluciones concretas para mejorar y regular este sistema, los autores prefieren explotar un tema serio con fines electorales, sacrificando la responsabilidad al cálculo.
No se trata de elegir entre reforma o supresión: se trata de proteger nuestras instituciones y a nuestros ciudadanos mejorando los sistemas antiterroristas. Al optar por la derogación pura y simple, los autores de esta propuesta buscan alimentar una postura desconectada de las realidades penales.
Es una deriva. El legislador tiene el deber de actuar para fortalecer la lucha contra el odio y el terrorismo, no para debilitarla. »
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