Agentes del sector público se movilizaron el jueves para una jornada de acción y huelga a instancias de los sindicatos, amenazando con abrir un nuevo frente social en medio de una crisis política, mientras el gobierno está en indulto.
Agentes del sector público se movilizaron el jueves para una jornada de acción y huelga a instancias de los sindicatos, amenazando con abrir un nuevo frente social en medio de una crisis política, mientras el gobierno está en indulto. Después de los ferroviarios y los agricultores, el ejecutivo se prepara para un nuevo aviso de tormenta social en medio de una semana de alto riesgo dada la incertidumbre política ante una moción de censura presentada por la izquierda y que la RN ha anunciado votar.
El jueves están previstas varias decenas de manifestaciones en Francia a raíz de la convocatoria de un movimiento intersindical, especialmente en París. En la capital, el encuentro tendrá lugar cerca del Ministerio de Economía y Finanzas a primera hora de la tarde, desde donde una procesión deberá llegar hasta la Place d’Italie. Según el sitio web de la UNSA, uno de los sindicatos, en Francia se han registrado unas cincuenta concentraciones. Más de siete meses después del último movimiento social – poco seguido – de los funcionarios, “el jueves empezamos algo mucho más grande”, asegura Luc Farré, secretario general de la administración pública de la UNSA, cuya organización decidió a mediados de noviembre no sentarse más en los “órganos de diálogo social presididos por el ministro”.
Fuerza de trabajo, escasa en tamaño.
Para Solidaires, la hipótesis de una censura gubernamental a partir del jueves “no cambiaría nada para la manifestación y la huelga”, porque “si el gobierno cae, y esto queda sujeto a reservas, nos permitirá mostrar determinación para el próximo gobierno, de modo que los agentes no son sacrificados”, estimó Gaëlle Martinez, secretaria general del servicio público Solidaires.
El amplio movimiento intersindical (CGT, CFDT, UNSA, FSU, CFE-CGC, Solidaires y FA-FP) tiene sin embargo una gran ausencia: Force Ouvrière, el primer sindicato representativo de toda la función pública. Aunque apoyaba las reivindicaciones, FO no se sumó a la movilización nacional del 5 de diciembre, afirmando que estaba a favor de una huelga de tres días renovable los días 10, 11 y 12 de diciembre, en “convergencia” con otros sectores. Sin embargo, la organización participa localmente en diversas movilizaciones.
Casi el 65% de los huelguistas en primer grado
La movilización del jueves debería permitir “tomar medidas contundentes” tras “las pruebas de hostilidad hacia la función pública”, estima Benoît Teste, secretario general de la función pública del FSU, un sindicato muy consolidado en el sector de la educación. Los profesores de escuela “respondieron a la convocatoria de huelga de las organizaciones sindicales” con casi “el 65% de los huelguistas anunciados” el jueves en “primer grado”, anunció el martes la mayoría FSU-SNUIpp.
El llamado a la movilización de la Educación Nacional también cuenta con el apoyo de la UNSA Educación y de la SUD Educación, que presentó un aviso de huelga que se extenderá del 21 de noviembre al 20 de enero de 2025 para “todo el personal que trabaja en las escuelas, servicios y establecimientos educativos”.
El hospital ya lleva un mes movilizado
También se movilizará el sector hospitalario, que ya había presentado un aviso de huelga a finales de octubre del 4 de noviembre al 21 de diciembre para protestar contra el presupuesto gubernamental a través de intermediarios. Las cuatro organizaciones sindicales implicadas (CGT, FO, Sud y Unsa) desean cubrir el período hasta el final del examen del proyecto de ley de financiación de la seguridad social (PLFSS) en el Parlamento a finales de diciembre, para poder lanzar nuevas acciones en cualquier momento.
El presupuesto de la Seguridad Social presentado por el Gobierno prevé incrementar el gasto en seguros de salud (Ondam) un 2,8%. Los cuatro sindicatos exigen un aumento de “al menos entre un 6 y un 10%”, así como la reanudación del déficit de aproximadamente 2.000 millones de euros de los hospitales públicos previsto para 2024.
También debemos esperar perturbaciones en los servicios administrativos en los ayuntamientos y consejos departamentales y regionales, así como en los prestados por los Centros Tributarios y de Finanzas Públicas.
Días de espera, retribución en caso de baja laboral y bonificación
El anuncio a finales de octubre por parte del Gobierno de un plan de lucha contra el “ausentismo” de los funcionarios, que debería permitir generar un ahorro de 1.200 millones de euros, ha tensado progresivamente las relaciones entre los sindicatos de agentes y el Ministro del Interior. Servicio Civil, Guillaume Kasbarian, antes de provocar una ruptura del diálogo social. Los sindicatos exigen en particular que el ministro renuncie a tres medidas que cristalizan el enfado: el paso de uno a tres días de espera para los funcionarios enfermos, la reducción del 100% al 90% de la remuneración en caso de baja por enfermedad y la no -renovación del pago de una bonificación de apoyo al poder adquisitivo.
Este episodio se produce en una secuencia política tumultuosa después de que Michel Barnier asumiera el lunes la responsabilidad del gobierno en el proyecto de ley de financiación de la seguridad social, provocando la presentación de una moción de censura por parte de la izquierda que el RN anunció que votaría con calma. A esta situación se suma la incertidumbre presupuestaria, con el Gobierno todavía buscando 60.000 millones de euros en esfuerzos para mejorar las finanzas públicas a media asta y reducir el déficit al 5% del PIB en 2025, frente al 6,1% en 2024.
Si Guillaume Kasbarian había constatado el abandono de una propuesta controvertida de fusionar las categorías de funcionarios prevista por su predecesor, se mantuvo inflexible sobre las demás medidas. Decisiones “difíciles, pero asumidas”, destinadas a “alinear” los sectores público y privado, y que se vuelven imprescindibles por una delicada situación de las finanzas públicas, defienden quienes lo rodean.
El sector eléctrico y gasista también en huelga
Una intersindical convocó a una huelga salarial para el jueves 5 de diciembre en todas las empresas del sector eléctrico y gasista. Esta convocatoria, que comienza oficialmente el miércoles a las 21 horas, se produce en momentos en que las negociaciones salariales comenzaron en las empresas y “no están al nivel” de las demandas de la intersindical (CGT/CFE-CGC/CFDT/FO), indicó un sindicato. fuente.
En el sector de las industrias de la electricidad y el gas, los aumentos generales se deciden a nivel de rama y se aplican a todas las empresas, que luego negocian una serie de aumentos individuales, cuya suma da el aumento global de los empleados.
Según CFE-Energías, esta jornada de huelga no debería tener consecuencias demasiado visibles para el público y, sobre todo, debería suponer una pérdida de ingresos para las empresas. Pero el movimiento renovable podría endurecerse “en función del resultado”, es decir, de la movilización “y de las reacciones de los empresarios”, según la organización sindical, que indicó que la intersindical se reunirá el jueves por la tarde “para decidir sobre el seguimiento de dar.”