Ciudadanos franceses, tened la seguridad: la policía de la información y del pensamiento os vigila y vigila. Ésta es la misión de Arcom y nada se le escapa. Así fue como esta organización decidió cerrar la ventanita a quienes habían elegido C8 para información y entretenimiento. Un canal que tiene muchos fallos. Es de un hombre rico y, en nuestro país, no nos gustan los ricos ni los exitosos, bajo el principio revolucionario de igualdad.
En nuestro país, que tiene en su lema la primera palabra “Libertad”, su protección en materia de información la confían los políticos electos a un Sóviet del que, según nos dicen, la garantía de su imparcialidad se debe al hecho de que los nueve miembros quienes lo dirigen son designados por autoridades diferentes y distintas. El Presidente (con la debida honra) por el Presidente de la República, tres asesores por la Presidencia de la Asamblea Nacional, tres asesores por la Presidencia del Senado, un asesor por la Vicepresidencia del Consejo de Estado y un asesor por el primera presidencia del Tribunal de Casación. Detrás o debajo de todas estas personas que supuestamente nos garantizan la imparcialidad, hay diez departamentos con otros tantos directores y, en total, 335 agentes bien remunerados de todos los grados, porque nunca están en huelga, y 46,6 millones de euros de presupuesto. Es por tanto esta “cosa” la que se encarga, como dicen, de velar por nuestra información y nuestros pensamientos. Decide, sanciona y el conflicto puede ser llevado ante el Consejo de Estado, uno de cuyos miembros participa en la decisión en calidad de asesor. ¡Es un poco como juez y jurado!
En esta institución, lo que más me molesta es el hecho de que, en la práctica, el poder político representado por funcionarios electos sujetos a la censura electoral delega, o más bien abandona, su poder en una organización. para esto que no responde de nada a nadie. Se puede objetar que se trata de una misión técnica que no es competencia de los funcionarios electos. Pero el aspecto técnico de la misión no es necesariamente competencia del presidente elegido y de sus asesores, quienes, para informarles, disponen de departamentos con el mismo número de directores, una secretaría y servicios. Entonces, ¿por qué delegar la decisión a terceros que nunca responderán de sus acciones ante el pueblo al que se le hace creer que es soberano?
Así es como podemos condenar a un canal de televisión porque tiene una “audiencia” importante y porque no conviene a las autoridades, que pueden hacerlo desaparecer sin involucrarse en la operación. ¡No somos nosotros, no somos yo, es Arcom!
Así es como en este país de libertad abandonamos este preciado bien a personas irresponsables.
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