La minería artesanal de oro en Ituri genera ingresos estimados en al menos 140 millones de dólares al año para grupos armados y redes criminales, según un informe publicado el 8 de enero de 2025 por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas. Estos ingresos, resultantes de actividades ilegales, escapan en gran medida al control estatal, creando una brecha entre las estimaciones oficiales y las cifras declaradas.
El informe señala que la producción artesanal de oro en Ituri se estima oficialmente en 1.800 kilogramos por año. Sin embargo, en el primer semestre de 2024, el Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE) y la Cooperativa de Comerciantes de Oro de Ituri (COONORI) registraron respectivamente 17 kilogramos y 24 kilogramos de oro.
Las autoridades mineras explican esta brecha por el acceso limitado a los sitios mineros, principalmente bajo el control de grupos armados como CODECO-URDPC, el grupo Zaire/ADCVI y el FRPI. Aunque algunas cooperativas pagan a la Policía Nacional Congoleña (PNC) y a las FARDC para garantizar su seguridad, los líderes de los grupos armados siguen recibiendo pagos a cambio de su “protección”.
El comandante Baraka, figura influyente del grupo Zaire/ADCVI, controla las actividades económicas en la jefatura mambisa, en el territorio de Djugu. Sus actividades ilegales, incluida la extracción de oro, la recaudación de impuestos y las tarifas de los puestos de control, generan aproximadamente 1,6 millones de dólares al mes. Estos ingresos se blanquean mediante inversiones inmobiliarias y comerciales en Mabanga, Iga-Barrière y Bunia.
El informe destaca que estas prácticas constituyen la explotación ilícita de recursos naturales y están castigadas con sanciones internacionales en virtud de la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad. Los expertos piden medidas concretas para recuperar el control de los yacimientos mineros y poner fin a la financiación de los grupos armados mediante la explotación de oro.
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