¿Un presupuesto imprescindible de la Seguridad Social?
El gobierno de Barnier fue derrocado el 4 de diciembre, después de utilizar el párrafo 3 del artículo 49 de la Constitución para aprobar sin votación el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). El presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea nacional, el diputado del LFI Éric Coquerel, considera que la adopción de este texto no es imprescindible. “Los PLFSS son objetivos, podemos funcionar sin ellos”, afirma. Pero la ministra de Sanidad, Geneviève Darrieussecq, estimó que era necesario “construir” este presupuesto “lo más rápidamente posible”, dijo el miércoles en LCI.
El lunes, las federaciones de establecimientos sanitarios pidieron la adopción del PLFSS “antes de finales de enero” y la fijación de un objetivo de gasto (Ondam) “que garantice a los establecimientos sanitarios una financiación justa de sus costes”. Una votación “crucial para evitar una crisis importante”, subrayaron. Las tarifas hospitalarias tradicionalmente se fijan en marzo, según Ondam.
Además, la votación de un presupuesto permitirá evitar la ampliación del déficit de la Seguridad Social, hasta más de 30.000 millones de euros en 2025, si no se toman medidas legislativas o reglamentarias, según la Comisión de Asuntos Sociales del Senado. Un déficit así “sería peligroso para la sostenibilidad de nuestro modelo de protección social”, considera la comisión.
¿Reanudación de la lanzadera o página en blanco?
Para el presupuesto de la Seguridad Social, como el del Estado, son posibles dos caminos: partir de la copia del gobierno de Barnier o proponer un nuevo texto. La primera opción permitiría un examen más rápido, la segunda puede parecer más relevante políticamente, tras la censura del gobierno de Michel Barnier. El Primer Ministro François Bayrou, al afirmar el jueves en France2 que esperaba la aprobación de un presupuesto a mediados de febrero, indicó su preferencia por la primera solución, al menos en lo que respecta al presupuesto estatal.
El ponente del presupuesto general en la Asamblea Nacional, Charles de Courson (Liot), se pronunció el martes a favor de la redacción de “dos nuevos textos”. “Me cuesta entender cómo podemos votar sobre un proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social que ha sido objeto de censura según el artículo 49.3”, subrayó. Charles de Courson quiso ser tranquilizador sobre los plazos, subrayando que en 1925 el presupuesto del Estado había sido votado… el 13 de julio.
El diputado Mathieu Lefèvre, vicepresidente del grupo Ensemble pour la République, se inclina por la primera solución: “mi preferencia política no es necesariamente mi preferencia técnica. Entiendo que si tenemos que rehacer un presupuesto (estatal) desde cero eso significa que llegaremos a finales de marzo, principios de abril. Y si no lo adoptamos, corremos riesgos de muchas maneras. […] No quiero correr ningún riesgo, por eso creo que tenemos que volver a los textos existentes, aunque eso signifique modificarlos”, afirma. Esta solución “aumenta el riesgo de censura, pero va más rápido. Esto me parece más racional”, señala Éric Coquerel.
También en el Senado muchas voces piden que se reanude el debate sobre el proyecto de ley de finanzas donde se quedó. “Esto permitiría volver a discutir todo, pero en un plazo más razonable”, subraya el presidente socialista del comité de finanzas, Claude Raynal. En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado señala que la presentación de un nuevo texto parece “el escenario con más probabilidades de reducir el déficit a un nivel sostenible”.
¿Qué tal un proyecto de ley de medidas consensuadas y urgentes?
Esperando que el proyecto de ley de finanzas no se aprobara hasta dentro de varios meses, Charles de Courson y Éric Coquerel enviaron una carta al Primer Ministro para sugerirle que lo incluyera en el orden del día de la Asamblea Nacional a partir de la semana del 13 de enero, un proyecto de ley que contenía varias disposiciones económicas, financieras y sociales, que permitan la entrada en vigor de medidas presupuestarias urgentes y consensuadas, incluida la indexación de la escala del impuesto sobre la renta a la inflación.
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