La condena a un año de prisión impuesta al activista Ismail Ghazaoui cristaliza las tensiones en torno a la política de acercamiento entre Marruecos e Israel. Este juicio, que sanciona una acción de protesta contra el tránsito de material militar israelí por el puerto de Tánger, revela la brecha que se está ampliando entre la política oficial de normalización y una sociedad civil ampliamente comprometida con la causa palestina.
El arresto y la condena del activista Ismail Ghazaoui ilustran la profunda brecha entre la política oficial de normalización con Israel y el apoyo a la causa palestina arraigado en la sociedad civil marroquí. Este juicio relanza un movimiento de protesta que no ha dejado de crecer desde los acuerdos de diciembre de 2020.
Un polémico acercamiento con Israel
En diciembre de 2020, Marruecos se unió a los Acuerdos de Abraham, una iniciativa diplomática estadounidense destinada a normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes. A cambio, Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Estos acuerdos allanaron el camino para una cooperación reforzada: la firma de un protocolo de cooperación militar en noviembre de 2021 que cubre la capacitación y la transferencia de tecnología, el lanzamiento de enlaces aéreos directos y el aumento del comercio. En 2022, los dos países firmaron un acuerdo de libre comercio y establecieron asociaciones en las áreas de ciberseguridad e inteligencia.
Una protesta que tiene un alto precio
El 13 de noviembre de 2023, Ismail Ghazaoui, activista del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), protestó contra la escala en el puerto de Tánger de dos buques de carga de la empresa Maersk, sospechosos de transportar material militar a Israel. Los vídeos compartidos en las redes sociales muestran al activista y a otros activistas pidiendo a los trabajadores portuarios que bloqueen el atraque de los barcos.
Algunos trabajadores portuarios respondieron al llamado, exponiéndose a sanciones por parte de sus empleadores.
Llevado ante el tribunal penal de Casablanca, Ghazaoui fue condenado el 10 de diciembre a un año de prisión y a una multa de 5.000 dirhams por “incitación a cometer delitos y delitos por medios electrónicos”.
Una movilización cada vez más intensa
La condena desató una ola de protestas. La Autoridad Marroquí de Apoyo a los Presos Políticos (Hemm) denuncia una “represión arbitraria”. Otros activistas se enfrentan a un proceso judicial: trece miembros del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina están siendo juzgados actualmente en Salé por “participación en una reunión no autorizada” tras manifestarse frente a un Carrefour.
Esta represión judicial se produce en un contexto de fuerte emoción popular ante los bombardeos de Gaza. Las manifestaciones pro palestinas están aumentando en las principales ciudades del reino, reuniendo a miles de personas a pesar de las restricciones.
Un equilibrio frágil para las autoridades
El gobierno marroquí se encuentra en una situación delicada, al tener que conciliar sus nuevos compromisos diplomáticos con una opinión pública mayoritariamente favorable a la causa palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene que la normalización con Israel no pone en duda el apoyo histórico de Marruecos a Palestina, al tiempo que continúa el desarrollo de las relaciones bilaterales con Tel Aviv. Una posición de equilibrio complicada de mantener.
Para las organizaciones de derechos humanos, estos procedimientos legales demuestran un deseo de amordazar la disidencia. Entre las alianzas geoestratégicas y las aspiraciones populares, el poder marroquí debe navegar por una línea cada vez más estrecha.
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