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El debate se relanza tras un impactante asesinato

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El debate se relanza tras un impactante asesinato

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

France

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

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No es la primera vez que en el Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de penas en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

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El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

No es la primera vez que en el Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de penas en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

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No es la primera vez que en Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de condena en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

No es la primera vez que en el Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de penas en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

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Un crimen abominable reaviva el debate sobre la pena de muerte en Perú. El presidente pide medidas drásticas, pero la cuestión divide. ¿Deberíamos restablecer la pena máxima para los violadores de niños?

Un crimen abominable sacude al Perú y reaviva el debate sobre la pena de muerte. Después de la presunta violación y asesinato de una niña de 12 años en un barrio pobre de Lima, la presidenta Dina Boluarte lanzó un impactante llamado para restablecer la pena de muerte para los violadores de niños. Una posición fuerte que plantea muchas preguntas.

Un acto de gravedad inconcebible

Es un caso que ha conmocionado profundamente a la opinión pública peruana. El cuerpo de una niña de 12 años fue encontrado el domingo, envuelto en mantas debajo de la cama de su presunto agresor. Según fuentes cercanas a la investigación, el adolescente había sido denunciado como desaparecido dos días antes. Una tragedia que despertó gran emoción y enojo en el país.

Ante este atroz crimen, la presidenta conservadora Dina Boluarte no se anduvo con rodeos. Durante un acto público el martes, afirmó que era hora de proponer “medidas drásticas” ante actos “de tal gravedad, que deberían ser inconcebibles en una sociedad”. Y añadió tajante: “Es hora de abrir el debate sobre la pena de muerte para los violadores de niños”.

La pena capital, abolida desde 1979

Como recordatorio, la pena de muerte fue abolida en Perú en 1979. Por lo tanto, su restablecimiento requeriría una reforma constitucional aprobada por el Parlamento. Una perspectiva que va en contra de los compromisos internacionales del país en la defensa de los derechos humanos. Pero para el presidente Boluarte ya no se trata de tener “ningún tipo de indulgencia hacia quienes se atreven a tocar a nuestros hijos”.

No podemos permitir que tipos así deambulen libremente por las calles.Dina Boluarte, presidenta de Perú

Un debate que no es nuevo

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasorio? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

No es la primera vez que en Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de condena en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

No es la primera vez que en el Perú se plantea la cuestión de la pena capital para los delitos más graves. Desde 1995, el Parlamento ha rechazado al menos ocho proyectos de ley destinados a restablecer la pena máxima. Actualmente, los autores de violaciones de niños menores de 14 años se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Según datos oficiales, cerca de 8.500 personas cumplen este tipo de penas en cárceles peruanas.

Un presidente bajo presión

La postura de Dina Boluarte llega en un momento en el que su popularidad está en su punto más bajo. La presidenta es objeto de varias investigaciones, en particular por no haber informado al Gobierno ni al Parlamento en 2023 de una operación de nariz a la que iba a someterse. También está implicada en el llamado asunto “Rolexgate”, relacionado con relojes y joyas de lujo que supuestamente no declaró. Problemas judiciales que debilitan su liderazgo.

Un tema divisivo que plantea muchas preguntas

El debate iniciado por el presidente peruano está lejos de ser unánime. Mientras algunos celebran su firmeza frente a crímenes abyectos, a otros les preocupa un ataque a los derechos fundamentales y un retroceso civilizacional. ¿Es la pena de muerte realmente un elemento disuasivo? ¿No corre el riesgo de dar lugar a errores judiciales irreparables? ¿Depende del Estado decidir quién merece vivir o morir? Tantas cuestiones espinosas que dividen a la sociedad.

Una cosa es segura: la emoción y la ira suscitadas por el bárbaro asesinato de este adolescente no deben eclipsar la necesidad de un debate pacífico y racional. Porque más allá de esta trágica noticia, se plantea toda la cuestión de la Justicia, la dignidad humana y nuestros valores. Un inmenso desafío para el Perú, y para todas las sociedades que enfrentan violencia extrema.

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