La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves 21 de noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”. El tribunal penal también emitió una orden similar contra el jefe del brazo armado de Hamás, Mohammed Deif, a quien se presume muerto. En Israel, estos “bombas legales” provocó reacciones contrastantes.
Está surgiendo una cierta unanimidad en la clase política: el gobierno y la mayoría de los partidos de la oposición consideran que estas acusaciones contra los líderes del Estado hebreo son una falta moral después de los ataques sin precedentes perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Buena parte de la prensa israelí afirma que esto asesta un golpe fatal a la credibilidad de la CPI y de la justicia internacional.
En contra de esta tendencia general, algunos medios creen que estas órdenes de arresto sancionan la guerra tal como la dirigen los líderes israelíes en la Franja de Gaza. Describen un fracaso militar, político y diplomático del que el jefe de gobierno es el principal responsable.
“Una broma”
Y “drama”, este es el término que el diario
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