Hay esta observación que Caroline Papelier escucha a veces cuando dirige intervenciones en un ambiente carcelario: “No somos maricas, ¿por qué ofrecen condones?” Guía sanitaria comunitaria en la filial de Aides de Estrasburgo desde hace seis años, esta treintañera explica cómo, en una o dos horas, evoluciona el discurso de los presos que encuentra. “Y al final de nuestra intervención, ¡todos están dentro!”añade su colega Aline Primus, de la sección Aides de Mulhouse. “Nos dicen que ya no compartirán sus cortacésped entre ellos y que volverán para hacerse la prueba”añade.
Desde 2018, Aides trabaja en tres establecimientos penitenciarios de Alsacia con el objetivo de aplicar una dimensión inscrita en el ADN de la asociación: la salud comunitaria. “Es la idea de involucrar a las personas en la reflexión, poder analizar sus necesidades gracias a ellas y con ellas. Una forma de empoderamiento sanitario”traducido por Riad Drissi, coordinador de Aides en Alsacia y miembro de la asociación desde hace diez años.
“Es urgente que se aplique la ley”
En la prisión central de Ensisheim, el centro penitenciario de Lutterbach y el centro de detención de Oermingen, donde los presos cumplen condenas de más de dos años, Aides Alsace, que cuenta con siete empleados y unos cuarenta miembros, está llevando a cabo acciones en lugares donde los reclusos ya no son sólo un simple número de prisión. “Un nombre, un nombre, es más gratificante”subraya Riad Drissi. Acciones que también intentan establecer protocolos de reducción de riesgos (RDR), incluido el principio de equivalencia de cuidados entre ambientes abiertos y cerrados, fue incluido en la ley de salud de 2016… Ocho años después, el decreto de aplicación aún no ha sido publicado, lo que llevó a 17 asociaciones, incluida Aides, a reaccionar. El pasado mes de enero, frente al Ministerio de Justicia, se manifestaron para exigir la aplicación del aspecto penitenciario de la ley.
Para Florian Valet, administrador de Aides y referente penitenciario dentro de la asociación, es “un asunto de emergencia sanitaria”. “Desafortunadamente, en prisión sabemos que las personas tienen entre seis y diez veces más probabilidades de infectarse con el virus del VIH. Porque el virus está circulando y hay muchas conductas de riesgo”describe. Y para continuar: “Un tercio de las personas que ingresan en prisión tienen algún problema de adicción distinto al tabaco. Es urgente que se aplique la ley”. En Alsacia, las acciones de los asistentes en el entorno penitenciario están subvencionadas por el coordinador regional para la lucha contra la infección por el VIH (CoreVIH Grand Est), que, en 2017, respondió a la convocatoria de la agencia regional de proyectos de salud para “reducir los riesgos y los daños en prisión preventiva”. centros”. El proyecto se beneficia de una financiación específica de 450.000 euros. En Francia, el Gran Este es la única región que ofrece un sistema de este tipo en los veinticuatro establecimientos penitenciarios repartidos entre Alsacia, Lorena y Champaña-Ardenas.
“Un trabajo a largo plazo”
A pesar de esta coordinación regional, la aplicación del RDR tras las rejas a veces sólo debe su salvación a la buena voluntad de las administraciones penitenciarias y de las unidades de atención penitenciaria. “Que proporcionemos un kit de “Enrolla tu pajita”” [quinze feuilles destinées à être roulées pour sniffer, ndlr] o un kit de jeringas esterilizadas, esto puede verse como un incentivo, donde la prisión se centra más en la abstinencia”.suspira Caroline Papelier. “El debate cristaliza en torno al programa de intercambio de agujas, aunque durante la detención, al final afecta a pocas personas”completa Riad Drissi. Él nota un “trabajo a largo plazo” al personal penitenciario: “Hoy en día, los supervisores están más abiertos a hablar de reducción de riesgos. Y ellos entienden mejor el significado de nuestra llegada a prisión, nos dicen”.
Lo cierto es que las condiciones de acceso a esta reducción de los riesgos durante la detención no son suficientes. Y para los activistas, los obstáculos no se esconden en las dificultades financieras: “Un kit de jeringas esterilizadas sólo cuesta 83 centavos cada una, definitivamente es un problema político”estima el Riad Drissi. Su colega Caroline Papelier lo resume brevemente: “Se supone que la prisión es un espacio de privación de libertad, no un lugar de castigo adicional”.
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