La Comisión Europea publicó el martes su evaluación de los presupuestos de los Estados miembros de la UE y apoyó al gobierno francés, amenazado de censura, aprobando sus esfuerzos de austeridad.
Francia está entre los tontos de Europa. Con un déficit público claramente decreciente, previsto este año en el 6,2% del producto interior bruto, muestra el peor resultado de los Veintisiete con excepción de Rumanía, muy lejos del techo del 3% autorizado por las normas de la UE.
Bajo la presión de los mercados financieros, el nuevo Ministro de Finanzas, Antoine Armand, ha previsto un esfuerzo de “60 mil millones” de euros para el próximo año, en forma de reducciones del gasto y nuevos impuestos. Pero la poción amarga es difícil de pasar.
La líder de los diputados de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cuestiona determinadas medidas, como el aumento de los impuestos sobre la electricidad, que deberían afectar al poder adquisitivo de los hogares. El lunes reiteró su amenaza de derrocar al gobierno de centroderecha votando una moción de censura con la izquierda.
En este delicado contexto, la Comisión publicó el martes su evaluación de los planes presupuestarios de los países de la zona del euro para 2025 y la de los planes a medio plazo de los países de la UE, incluida la trayectoria de retorno por debajo del déficit del 3% para los países que han cruzado este límite.
En general, Bruselas dio satisfacción al gobierno francés. El ejecutivo europeo validó el escenario propuesto por París de una reducción del déficit al 5% del PIB en 2025, antes de un retorno “al objetivo” en 2029 al 2,8%.
Considera que el plan plurianual de Francia “cumple las exigencias y define una trayectoria creíble” para reducir o mantener la deuda “en niveles prudentes”. Sólo el proyecto para el año 2025 se considera “cumplido”.
Antoine Armand se declaró “satisfecho” con esta “evaluación positiva” y reiteró su “determinación” de restablecer las finanzas públicas.
La cuestión es si el gobierno sobrevivirá y si el plan validado por el ejecutivo europeo se implementará realmente.
El comisario europeo saliente de Economía, Paolo Gentiloni, celebró el compromiso “fuerte y valiente” de Francia durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Dijo que estaba “impresionado” por el hecho de que el gobierno hubiera elaborado ese presupuesto “en un contexto difícil”.
– “Fragilidad política” –
“La fragilidad política de Francia preocupa evidentemente a la Comisión”, subraya Andreas Eisl, experto del Instituto Jacques-Delors.
Desde el verano, la segunda economía de Europa forma parte de un grupo de ocho países en procedimiento de déficit excesivo, junto con Bélgica, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Austria, cuyo déficit se espera que alcance el 3,6% este año, podría unirse a ellos, estimó el martes la Comisión.
Estos países deben tomar medidas correctivas para cumplir con las normas presupuestarias de la Unión Europea en el futuro, o enfrentar multas.
Desde la creación del euro, Francia ha tenido un déficit excesivo la mayor parte del tiempo, aunque ha estado fuera de él desde 2017.
Hasta ahora, la Comisión nunca se ha atrevido a recurrir a sanciones financieras, consideradas políticamente explosivas. Pero eso podría cambiar.
Si no hace los esfuerzos solicitados por sus socios, Francia podría, según los textos, verse afectada a partir del próximo verano por un importe total del 0,1% de su PIB cada año, es decir, unos 2.800 millones de euros.
El pacto de estabilidad fue suspendido entre 2020 y 2023 para evitar un colapso de la economía europea tras la pandemia de Covid-19 y luego la guerra en Ucrania.
Fue reactivado a principios de año mientras se sometía a un lavado de cara para hacerlo más flexible y pragmático.
Las trayectorias presupuestarias se adaptan ahora a cada Estado miembro y se ha introducido un margen de maniobra para la inversión. Se reparten en un período de cuatro años, que puede ampliarse a siete años para que el ajuste sea menos brutal, a cambio de reformas. Cinco países, entre ellos Francia, España e Italia, solicitaron y obtuvieron dicha prórroga.
Las sanciones financieras por incumplimiento del pacto, que antes no eran aplicables por ser demasiado severas, se han reducido para facilitar su implementación.
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