Con un gesto rápido, Nabil Abuznaid mueve el caballete de escritorio que lleva la inscripción “Estado de Palestina” a su derecha. El entonces embajador palestino en los Países Bajos, miró las letras grabadas en blanco, extendió el brazo y, con un ligero toque en su teléfono inteligente, inmortalizó el momento: el 24 de junio de 2015, Palestina se sentó por primera vez entre los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. Este es un paso clave en una larga y amarga batalla diplomático-judicial. Una ofensiva llevada a cabo desde Gaza, Ramallah, Nueva York y Lyon, cuyo objetivo es situar la cuestión palestina en la agenda de la justicia internacional y poner fin a la impunidad que rodea al sistema de ocupación israelí desde 1967. Ahora los israelíes pueden convertirse en mis vecinos en prisión. Pero esta vez no tendrán las llaves”. se regocija Nabil Abuznaid este día de junio de 2015.
Lanzada a mediados de la década de 2000 por un puñado de abogados de Gaza, a los que más tarde se unió la Autoridad Palestina, frenada por una avalancha de obstáculos, golpeada por guerras y amenazas, esta operación finalmente tuvo éxito. El jueves 21 de noviembre, la CPI impuso al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Todo comenzó en junio de 2006. La operación militar israelí “Lluvias de verano” cayó sobre la Franja de Gaza. Provocada en respuesta a la captura del cabo israelí Gilad Shalit por combatientes de Hamas, es la primera de una serie de seis guerras que devastarán el enclave costero. En las instalaciones del Centro Palestino de Derechos Humanos, que dirige en la ciudad de Gaza, Raji Sourani, de 53 años, se convenció de que las pruebas de los abusos israelíes, cuidadosamente recopiladas por sus empleados durante años, deberían permitir remitir los casos a la CPI. , creado en 1998 por el Estatuto de Roma y establecido en 2002.
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Con esta fe anclada en su cuerpo llega a La Haya para reunirse con Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la Corte. “Desde el principio intentó desanimarme, me dijo que si los estadounidenses no lo aceptaban, nunca abriría una investigación”. dice el abogado de Gaza, contactado por teléfono en junio. Las posibilidades de obtener luz verde de Washington son nulas. Estados Unidos, que no ha firmado el Estatuto de Roma, desconfía de este tipo de organismo internacional. Prohiben a los jueces de La Haya interesarse por las acciones de sus tropas en Afganistán así como por las de sus aliados, como Israel.
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