Más aislado que nunca, Estados Unidos es el único gran país que denuncia la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyos tres jueces emitieron, el jueves 21 de noviembre, órdenes de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, que fue un importante interlocutor de las autoridades estadounidenses. Según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca “rechaza fundamentalmente” doble acusación. “Seguimos profundamente preocupados por el afán del fiscal por obtener órdenes de arresto y por los preocupantes errores procesales que llevaron a esta decisión”precisó esta fuente, según la cual la CPI no tiene competencia para pronunciarse en este caso.
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Al igual que Israel, Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte. La administración Biden persiste en no admitir la realidad de los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí en la Franja de Gaza durante más de trece meses, los bombardeos indiscriminados, la destrucción sistemática de infraestructuras civiles y el bloqueo constante de la entrega de ayuda humanitaria.
En mayo, cuando el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó la emisión de órdenes de arresto, Joe Biden describió este enfoque como “escandaloso” : “Independientemente de lo que sugiera el fiscal, no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamás. » La posición estadounidense no sólo refleja la clásica solidaridad con Israel y un rechazo a la CPI. También marca la negación de complicidad por parte de Estados Unidos, mientras que este tema ha provocado una disensión sin precedentes desde la guerra de Vietnam dentro del Departamento de Estado.
Exasperación de la base progresista
El representante republicano Mike Waltz (Florida), candidato a convertirse en asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo en X que Israel “Defendió legalmente a su pueblo y sus fronteras contra los terroristas genocidas. Se puede esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita por parte de la CPI y la ONU a partir de enero. » Su colega Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, calificó a la CPI como una “broma peligrosa”. Según ella, es hora de que el Senado adopte sanciones contra ella. En junio se votó en la Cámara de Representantes un texto en este sentido. En marzo de 2023, este mismo senador saludó al “paso de gigante” logrado por la CPI, que acababa de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin. Expresó la esperanza de que “La comunidad internacional seguirá[it] para apoyar » la Corte en este esfuerzo por responsabilizar al Presidente ruso por los crímenes cometidos en Ucrania.
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