Fue el mayor juicio de seguridad nacional en Hong Kong. El martes, los tribunales condenaron a 45 activistas prodemocracia declarados culpables de “subversión” a penas de hasta 10 años de prisión.
El jurista Benny Tai fue condenado a 10 años de prisión, la pena más larga impuesta hasta la fecha en virtud de la ley de 2020, promulgada un año después de manifestaciones masivas y a veces violentas a favor de la democracia en esta región administrativa (RAE) de China.
El grupo acusado de crear una “crisis constitucional”
Todos los activistas fueron declarados culpables de organizar una primaria no oficial destinada a seleccionar candidatos de la oposición para las elecciones legislativas, con la esperanza de obtener una mayoría en la asamblea local, vetar presupuestos y potencialmente forzar la dimisión del entonces líder pro-Beijing de Hong Kong, Carrie Lam. A pesar de las advertencias de las autoridades, 610.000 personas votaron en las primarias, casi una séptima parte de la población en edad de votar de Hong Kong.
Las autoridades finalmente renunciaron a la elección de la asamblea y Beijing estableció un nuevo sistema político que controla estrictamente a los funcionarios electos de Hong Kong.
Inicialmente, cuarenta y siete personas fueron arrestadas y posteriormente acusadas en 2021.
Los jueces dictaminaron que el grupo habría creado una “crisis constitucional” si hubieran continuado con su acción, y 45 fueron declarados culpables de “conspirar para subvertir el poder del Estado”.
Dos personas absueltas
Dos de los acusados, el trabajador social Lee Yue-shun y el académico Lawrence Lau, fueron absueltos en mayo después de que los jueces dijeran que “no estaban seguros de si tenían la intención de subvertir”.
Los políticos Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y el activista australiano-hongkonés Gordon Ng, denominados “cabezas pensantes”, fueron condenados a hasta siete años y tres meses de prisión.
Australia dijo que estaba “gravemente preocupada” por esta condena, que apunta en particular a Gordon Ng. “Es un momento muy difícil para el señor Ng, su familia y sus partidarios”, afirmó la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, que reiteró sus “fuertes objeciones” a “la continua aplicación amplia” de esta ley alentada por Pekín.
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