“Estaba caminando por la acera frente al edificio. Después de un fuerte crujido, giré la cabeza y la vi colapsar. Fue un movimiento vertical descendente, como si se colapsara desde adentro. » Este 5 de noviembre de 2018, poco después de las 9 de la mañana, una mujer que pasa por la rue d’Aubagne, en el corazón del barrio de Noailles, en Marsella, para ir a trabajar es, según el procedimiento, el testigo más directo del colapso de dos edificios. Antes de ser ahogado en una espesa niebla de polvo…
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Los ocho cadáveres de los ocupantes del número 65 de la rue d’Aubagne serán sacados de entre los escombros a lo largo de los días. El edificio contiguo, el número 63, que se derrumbó al mismo tiempo, estaba desocupado, comprado en 2017 por el municipio con la intención de abrir algún día allí una microguardería. Seis años después, el jueves 7 de noviembre se abre el juicio por los derrumbes de la calle Aubagne ante el tribunal penal que, durante seis semanas, juzgará a dieciséis acusados: doce particulares y cuatro empresas. “Un caso extraordinario, de gran complejidad fáctica y jurídica”según Olivier Leurent, presidente del tribunal judicial.
Al final de una investigación de seis años, los jueces del centro de accidentes colectivos remitieron a los tribunales, por homicidio y lesiones involuntarias, a Julien Ruas, el diputado de Jean-Claude Gaudin, alcalde (Les Républicains) de Marsella de 1995 a 2020. delegado de prevención y gestión de riesgos desde 2014; Richard Carta, el arquitecto que realizó una tasación del edificio apenas diecinueve días antes de su derrumbe; así como dos personas jurídicas, la SARL Cabinet Liautard, administradora de la copropiedad del 65, rue d’Aubagne, y la sociedad municipal de economía mixta Marseille Habitat, propietaria del 63, rue d’Aubagne. Cuatro profesionales que “creó o contribuyó a crear la situación (…), o no han tomado medidas para evitar el drama, según los jueces.
Crónica de una catástrofe prevista
En primavera, los abogados de las partes civiles tomaron la inusual iniciativa de citar directamente ante el tribunal a otros doce acusados, oídos como testigos por los jueces de instrucción, pero a quienes estos últimos habían decidido no implicar: algunos de los diez propietarios de pisos en del que fallecieron sus inquilinos, así como el administrador de 65 en nombre del síndico, y dos directivos de Marseille Habitat. Estas citaciones directas ante el tribunal se refieren a los mismos delitos de homicidio y lesiones involuntarias conservados por los jueces de instrucción, pero añaden los de “sometimiento de personas vulnerables a condiciones de vida indignas” y peligro.
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