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Es libertad de contrato.
Si un caso así volviera a repetirse, Claudia Frick aconseja denunciarlo ante el Defensor del Pueblo, el organismo de conciliación en el sector de las telecomunicaciones. El abogado del Centro Social Protestante Vaudois, un servicio privado de asistencia social, considera que se trata de una práctica “discriminatoria”. La Fundación para la Protección del Consumidor (SKS) afirma que nunca tuvo conocimiento de tal práctica. Sin embargo, Livia Kunz, jefa del departamento jurídico, explica que, en general, en derecho privado, cada persona o empresa puede celebrar un contrato y decidir sobre sus cláusulas. Pero la falta de estándares de protección contra la discriminación dificulta decidir si se trata de un caso probado o no.