Es una de esas historias que esperábamos que terminara. Mientras quería presentar una denuncia por acoso contra su expareja, una mujer pasó la noche del miércoles al jueves tras las rejas en una celda de Ginebra. ¿Su culpa? Estancia ilegal en territorio suizo. Este cincuentón de origen colombiano vive y trabaja al final del lago desde mayo de 2022, pero sin los papeles correspondientes.
Habiendo venido a denunciar un trauma, sufre otro. “Me trataron como si hubiera matado a alguien”, dijo. 20 minutosquien informó del episodio. Afortunadamente, grupos feministas se quedaron quietos frente a la comisaría de Cornavin que la retuvo, acelerando sin duda su liberación. Por el momento, no se sabe si la policía ha registrado su denuncia. Sabemos, por otra parte, que si María* no sufrirá la ira de la justicia es sólo porque se ha comprometido a abandonar el país antes de fin de año.
Todo es malo lo que termina mal en este asunto, con una señal una vez más negativa dirigida a todas las mujeres que quieran denunciar abusos, acoso o violaciones. Porque más allá de la cuestión del permiso de residencia, nos enfrentamos a la habitual denegación de expresión, subrayada aquí por una jerarquía vergonzosa. Sí señora, escucharemos sus inquietudes, pero primero hagamos algunas comprobaciones.
Lamentablemente, el caso de María no es un caso aislado, explica a Correo METROmi Laïla Batou, quien defenderá los intereses del colombiano. A nivel europeo, hay recomendaciones para implementar un protocolo seguro de denuncia para las víctimas de violencia sexual de inmigrantes, pero no en Ginebra. Sin embargo, un grupo de trabajo multipartidista está examinando la cuestión general del acceso a la justicia, lo que es un avance positivo. ¿Seguirán sus recomendaciones los políticos?
La policía sabe utilizar el sentido común y no busca permisos de residencia cerca de los comedores sociales o entre las estanterías de las bibliotecas. Una forma de santuario que uno soñaría también se aplicaría a las comisarías de policía.
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