Mientras los debates presupuestarios se estancan en la Asamblea Nacional y amenazan con una moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier, las cuentas del Estado francés ven escaparse cada año cerca de 300 millones de euros en virtud de un acuerdo administrativo con Suiza que data de 2009.
Según este reglamento celebrado entre los dos países, los grandes grupos franceses se benefician de un régimen especial para sus contribuciones a la seguridad social: sus empleados en Suiza que sean enviados en misión temporal a Francia con otra empresa del grupo pueden permanecer sujetos al régimen suizo. seguro social y no estar sujeto a las cotizaciones francesas. Esta excepción, como excepción a las normas ordinarias vigentes entre Suiza y los países de la UE, es válida durante toda la duración de su misión, pero durante un máximo de seis años.
Una carga para el gobierno
Inicialmente, este acuerdo se celebró a petición de Francia, precisa la Oficina Cantonal de la Seguridad Social (OFAS), “con el objetivo de promover la movilidad transfronteriza de los trabajadores entre las empresas del grupo de dimensión internacional, teniendo en cuenta las necesidades y especificidades que específico para ellos. El déficit de las finanzas francesas se pone de relieve, sin embargo, en un informe confidencial de la Inspección General de Finanzas y de la Inspección de Asuntos Sociales que Franceinfo pudo consultar.
“Una veintena de grandes grupos franceses utilizan este sistema, como Total Gestion International SA, Renault Nissan Global Management SA y Michelin Global Mobility SA. El proceso sólo afecta a unos pocos empleados, cerca de 4.500 entre 2016 y 2022. Se trata de directivos que reciben más de 500.000 euros al año”, precisa el medio francés, citando el informe que señala que los beneficiarios ocupan “puestos relacionados con el desarrollo de una sociedad internacional carrera profesional. Según el documento de inspección francés, también consultado por La tribuna“El 82% de las solicitudes de este régimen excepcional proceden de Total, Renault-Nissan y Michelin”.
Esta especificidad –legal– representa una “pérdida” de 4.000 millones de euros en total desde la entrada en vigor de este reglamento franco-suizo, y esto mientras el Estado francés es regularmente víctima de intensos debates presupuestarios, como señala Bruselas. “La semana pasada, las autoridades francesas denunciaron este acuerdo administrativo con efectos a partir del 1 de enero de 2025, tal como lo permite este último”, informa la OFAS.
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