la ley de finanzas de 2025, al reducir las ventajas fiscales para los alquileres amueblados a corto plazo, tiene como objetivo animar a los propietarios a optar por arrendamientos a largo plazo para apoyar el mercado residencial. Pero este enfoque uniforme, relevante en ciertas grandes ciudades, podría resultar inadecuado en otras regiones donde la demanda turística es baja. Una medida de este tipo podría fracasar a escala nacional debido a la dinámica contrastante del mercado de alquiler francés.
Las elecciones de los propietarios que utilizan plataformas colaborativas como Airbnb dependen directamente de las condiciones locales (“What Drives Pricing Behavior in Peer-to-Peer Markets”, Mehdi Farajallah, Robert G. Hammond, Thierry Pénard, SSRN, 2016). En París, donde la afluencia de turistas sigue siendo masiva, un propietario del Marais o Montmartre encontrará pocos incentivos para cambiar a un contrato de arrendamiento a largo plazo, incluso teniendo en cuenta las reducciones de las ventajas fiscales.
Ciudades como Chamonix (Alta Saboya) han optado por regular específicamente los alquileres de temporada para responder al aumento de los precios inmobiliarios. Pero en ciudades de tamaño mediano como Poitiers, donde la demanda turística es menor, el incentivo para mantener alojamientos de alquiler a corto plazo es necesariamente menor.
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A pesar de un marco fiscal menos favorable, los alquileres a corto plazo seguirán siendo más lucrativos que los alquileres a largo plazo en las zonas turísticas, lo que ralentiza la reorientación hacia los arrendamientos tradicionales. EL “superanfitriones” Airbnb, particularmente en ciudades con mucho tráfico, tiene altas tasas de ocupación y obtiene mayores ingresos porque los usuarios prefieren anuncios bien calificados (“Trust and Reputation in the Sharing Economy: The Role of Personal Photos on Airbnb”, Eyal Ert, Aliza Fleischer y Nathan Magén, SSRN, 2015). Los Juegos Olímpicos de París 2024 ilustran este atractivo financiero: los propietarios parisinos, viéndolo como una oportunidad favorable, alquilaron sus alojamientos a precios que alcanzan los 800 euros por noche (El mundo22 de julio).
Costosos procedimientos de desalojo
En Francia, el alquiler a largo plazo implica obligaciones que hacen que los propietarios se muestren reacios a optar por este modelo, especialmente en zonas donde la afluencia turística es estacional. Las regulaciones destinadas a proteger a los inquilinos, aunque necesarias, frenan a los propietarios, que temen retrasos en los pagos o procedimientos de desalojo prolongados y costosos (“Digital Discrimination: The Case of Airbnb.com”, Benjamin Edelman y Michael Luca, Harvard Business School, 2014). Los trabajadores jóvenes y los estudiantes tienen cada vez más dificultades para acceder a alquileres a largo plazo, lo que ilustra un desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda (El mundo10 de octubre).
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