La Autoridad de Competencia provocó una onda expansiva en el debate energético al recomendar que se hicieran preparativos para la abolición de las tarifas reguladas de venta de electricidad (TRV). Estos precios constituirían un freno a la competencia y no fomentarían suficientemente un comportamiento de ahorro energético.
¿Precios regulados, protección de los consumidores o freno a la competencia?
Los precios regulados, fijados por el Estado a propuesta de la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), desempeñan hoy un papel central en la protección de los consumidores franceses frente a la volatilidad del mercado. De hecho, permiten suavizar las variaciones de los precios mayoristas de la electricidad, ofreciendo así cierta estabilidad a los hogares.
Estos precios, respaldados en particular por el mecanismo Arenh (acceso regulado a la energía nuclear histórica), limitan el impacto de los aumentos espectaculares observados en los últimos años. Sin este sistema, el aumento de precios podría haber alcanzado el 100% en enero de 2023, frente al 80% gracias al efecto suavizante.
Una decisión bajo alta tensión
Sin embargo, la Autoridad de Competencia considera que esta regulación se ha convertido en un obstáculo para el funcionamiento del mercado. Afirma que las TRV limitan la diversidad de ofertas ofrecidas por proveedores alternativos y restringen las inversiones en el sector. En su opinión, el modelo actual no garantiza ni precios bajos ni una estabilidad real a largo plazo para los consumidores.
En oposición directa, la CRE aboga por mantener las TRV durante al menos cinco años, enfatizando su papel como “red de seguridad” para 20 millones de hogares. Recuerda también que estos precios fomentan un consumo más responsable a través de opciones como el horario valle o la oferta “Tempo”, que ayudan a equilibrar la red eléctrica reduciendo los picos de demanda.
El debate es tanto más crucial cuanto que el fin del sistema de Arenh, previsto para finales de 2025, requerirá una profunda revisión del mercado eléctrico. En este contexto, el gobierno francés debe decidir antes de fin de año y presentar un informe a la Comisión Europea. La ministra de Energía, Olga Givernet, ya reconoció el apego de los franceses a estos aranceles, al tiempo que destacó la importancia de tener en cuenta la evolución necesaria para responder a las limitaciones europeas.
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