Según el Tribunal de Cuentas, deberían eliminarse varias ventajas fiscales dedicadas a los jubilados.
Tras el aplazamiento de la revalorización de todas las pensiones de jubilación, inicialmente prevista para enero de 2025, otra mala noticia podría afectar a 17 millones de jubilados. Esto no afectará sus ingresos, sino más bien sus gastos. Estos aumentarán a medida que las personas mayores pronto se vean obligadas a pagar más impuestos.
De hecho, en un informe reciente, el Consejo de Deducciones Obligatorias (CPO), institución adscrita al Tribunal de Cuentas, recomienda una profunda revisión de las ventajas fiscales concedidas a los jubilados. El informe apunta en particular a la reducción fiscal del 10% de la que se benefician automáticamente todos los jubilados desde 1979. Esta medida, introducida por Raymond Barre hace más de 40 años, permite a los jubilados deducir hasta 4.321 euros de su base imponible en 2024. Para reducir la carga fiscal sobre los jubilados con bajos ingresos, esta disposición le cuesta ahora al Estado más de 4 mil millones de euros al año.
El CPO destaca una desigualdad en el reparto de esta ventaja: el 30% del coste total de la medida beneficia al 10% de los jubilados más ricos, es decir, aquellos cuyo nivel de vida supera los 3.290 euros al mes. Ante esta observación, la institución propone condicionar esta reducción a los recursos de los beneficiarios. Pero otras ventajas fiscales dedicadas a los jubilados también están en el punto de mira del Tribunal de Cuentas.
El informe sugiere modificar el tipo reducido del CSG aplicado a las pensiones de jubilación, cuya eliminación para los más ricos podría generar entre 100 y 500 millones de euros de ahorro. También se cuestiona la mitad adicional del impuesto que se concede a las personas solteras que han criado a un hijo durante al menos cinco años.
Finalmente, el crédito fiscal por asistencia personal no escapa a las recomendaciones del CPO. Actualmente fijado en el 50%, podría reducirse al 40% para servicios no relacionados con la dependencia o el cuidado de niños. Esta medida, que representa un gasto de 6.000 millones de euros para el Estado, es utilizada principalmente por las familias más ricas, en particular para la contratación de jardineros o personal de mantenimiento.
Pierre Moscovici, presidente del Tribunal de Cuentas, justifica estas directrices por la necesidad de “reforzar la igualdad de los franceses frente a los impuestos”. Según él, esta equidad fiscal es esencial para mantener el consentimiento para gravar en un contexto en el que el presupuesto estatal presenta un déficit importante. La aplicación de estas recomendaciones permitiría al Estado ahorrar sustancialmente, en particular 1.400 millones de euros sólo con la reducción del 10%.
Estas propuestas se enmarcan en un contexto ya desfavorable para los jubilados. No sólo se ha pospuesto el aumento de todas las pensiones de jubilación hasta el 1 de julio de 2025, sino que este aumento de ingresos podría ser menos significativo de lo esperado.
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