Antonio Zurcher
Corresponsal de la BBC en Norteamérica
La sentencia de Donald Trump generó una yuxtaposición discordante.
El fiscal Joshua Steinglass revisó lo que llamó la “evidencia abrumadora” detrás de la condena penal de Trump y detalló cómo el presidente electo había mostrado “desdén por nuestras instituciones y el Estado de derecho” antes, durante y después del juicio.
Dijo que Trump había “causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal” y había puesto en peligro a los funcionarios judiciales.
Y por eso, concluyó Steinglass, no debería recibir ningún castigo formal.
En su respuesta, Trump y su abogado fueron predecibles. Ambos cuestionaron las motivaciones y el momento detrás del procesamiento del presidente electo, calificándolo de interferencia electoral.
Ambos señalaron la victoria de Trump en noviembre como una reivindicación. Y Trump volvió a afirmar su inocencia, diciendo que lo habían tratado “muy, muy injustamente”.
Cuando llegó el momento de que el juez Juan Merchán dictara sentencia, –tal vez inesperadamente– no condenó el comportamiento del presidente electo. En cambio, se detuvo en cómo las protecciones e inmunidades que se le han otorgado a Trump provienen del cargo de presidencia y no de Trump como ciudadano privado o acusado penal.
Pero las protecciones están ahí. Y significa que Trump, condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, fue despedido el viernes por la mañana con un simple “buen éxito” por parte del juez, en lugar de ir a prisión o recibir una multa.
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