Bélgica alcanzó un alarmante récord histórico de 526.605 enfermos de larga duración en 2023. Esta situación ejerce una presión sin precedentes sobre el sistema de seguridad social. En este contexto, el plan de “vuelta al trabajo” de De Croo se considera insuficiente.
En 2023, Bélgica registró un récord histórico de 526.605 personas con baja por enfermedad de larga duración, según cifras de Inami informadas por De Tijd. Este total, que excluye a los funcionarios, refleja un aumento alarmante del 5% en un solo año, muy por encima de los aumentos promedio del 3% observados entre 2021 y 2022. Esta situación ejerce una presión sin precedentes sobre el sistema de seguridad social, con gastos vinculados a los servicios. que superó los nueve mil millones de euros, más del doble de lo gastado hace diez años.
Los trastornos mentales van en aumento
Varias razones explican esta explosión en el número de pacientes de larga duración. El envejecimiento de la población, el aumento de la edad de jubilación y la aparición de enfermedades crónicas, especialmente psicológicas, juegan un papel determinante. Los trastornos mentales y del comportamiento representan ya el 37% de las bajas prolongadas según cifras del Inami, una categoría que crece más rápidamente que las enfermedades cardiovasculares u otras patologías.
El estrés, las condiciones laborales y la falta de interés en el puesto desempeñado se identifican como factores agravantes, señala Inami. Las mujeres se ven especialmente afectadas por este aumento: su número ha aumentado un 5% anual, frente al 2,7% de los hombres. Entre los trabajadores autónomos, las mujeres también registraron un marcado aumento de las ausencias (+28% en cinco años, frente a +14% para los hombres).
Una reforma necesaria para contener la crisis
Ante esta situación crítica, las autoridades belgas apuestan por el plan “Vuelta al Trabajo” para limitar las bajas laborales prolongadas y controlar los crecientes gastos. Este plan prevé incentivos, pero también sanciones para quienes no respeten sus compromisos. Sin embargo, el éxito de este plan requiere una colaboración reforzada entre empresarios, mutualidades y los propios trabajadores. Sólo un enfoque global, que combine prevención, adaptación de las condiciones laborales y apoyo psicológico, permitirá contener esta crisis y mejorar la calidad de vida de los afectados.
Las mutuas de seguros deben apoyar a los pacientes mediante viajes personalizados, mientras que los empleadores deben ofrecer alojamiento adecuado. También se anima a los pacientes a volver a una actividad parcial o adaptada para limitar la ruptura con el mercado laboral. Este sistema busca reducir costes y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.
Mutualidades sancionadas
En este contexto, las mutuas fueron sancionadas por primera vez en 2022. Perdieron 1,2 millones de euros de financiación por no haber apoyado suficientemente a los pacientes en su reinserción profesional. La mutua socialista fue la más impactada, con una deducción de 822.000 euros, seguida de las mutuas libres (214.000 euros) y la mutua liberal (193.000 euros). Las mutualidades cristianas y neutrales, por su parte, escaparon a cualquier sanción, informa De Tijd.
Menos de veinte solicitudes
El ministro dimisionario de Sanidad y Asuntos Sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), reconoció este jueves en el pleno de la Cámara que es necesario reforzar la política de vuelta al trabajo. Menos de veinte solicitudes fueron registradas en el Fondo para el regreso al trabajo por parte de trabajadores con discapacidades de larga duración para beneficiarse de apoyo para regresar al trabajo, informaron L’Echo y De Tijd el miércoles por la mañana. En un comunicado de prensa, Inami precisó que, al momento, 21 solicitudes ya han sido adjudicadas y que otras 13 solicitudes se encuentran en proceso de adjudicación. Desde el 1 de abril, las empresas que despidan personas por fuerza mayor médica deberán abonar 1.800 euros al fondo “Vuelta al Trabajo” gestionado por Inami.
1800 euros para un soporte personalizado
Los empleados despedidos podrán, a su vez, beneficiarse de una cantidad de 1.800 euros que se destinará a un apoyo personalizado. Actualmente, el Fondo de Reintegro al Trabajo ha pagado 5.176.800 euros para apoyar a los trabajadores asalariados cuyo contrato ha sido rescindido por el empleador debido a fuerza mayor médica, dijo Inami. Interrogado por Axel Ronse (N-VA) y Anja Vanrobaeys (Vooruit), Frank Vandenbroucke admitió que este fondo hasta el momento “no ha sido un gran éxito”. Pero la mejora está en marcha, subrayó. Hasta ahora, por motivos presupuestarios, el grupo destinatario se limitaba a las personas despedidas por motivos de fuerza mayor. Pero, a partir de abril, se ampliará a los 500.000 pacientes de larga estancia.
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