Aunque ilegal, esta práctica, que se está extendiendo rápidamente en la capital, explota los límites tecnológicos del sistema de vigilancia.
Un mecanismo nuevo y sencillo
El principio es sorprendentemente simple: los automovilistas utilizan tickets de aparcamiento destinados a personas discapacitadas, que permiten aparcar gratis durante 24 horas en todas las calles de París. Este consejo se ha generalizado desde la instalación de coches de control automático, apodados “sulfatores”, que deambulan por las calles de París desde 2018.
El problema está en el propio sistema de control. Los vehículos equipados con el sistema LAPI (lectura automática de matrículas) pueden escanear las matrículas pero no pueden comprobar la presencia de la Tarjeta de Inclusión de Movilidad (CMI-S) que normalmente debe acompañar al billete de discapacidad. La falta de control humano directo permite a los estafadores explotar este defecto con impunidad.
La magnitud del fenómeno preocupa
Las cifras hablan por sí solas. Según las estimaciones, en París se utilizan cada semana no menos de 120.000 billetes para discapacitados. Esta estadística es tanto más alarmante cuanto que sólo hay 150.000 titulares legítimos de la tarjeta CMI-S en toda Île-de-France. Una investigación de campo reveló que de mil vehículos revisados, más de un centenar exhibían un billete de “tarifa handi” sin presentar la requerida tarjeta de inclusión de movilidad.
El municipio parisino no permanece inactivo ante este fenómeno. De los 250.000 controles diarios que se realizan en la capital, 37.000 son realizados por agentes humanos. Estos últimos se utilizan especialmente en zonas donde se observa una concentración anormal de billetes para discapacitados.
Soluciones reducidas
Este fraude masivo tiene varias repercusiones negativas. Por un lado, priva a la ciudad de importantes ingresos. Por otro lado, se corre el riesgo de estigmatizar a los verdaderos titulares de tarjetas de discapacidad. En teoría, el uso fraudulento de una multa para discapacitados se castiga con una multa de 1.500 euros, pero en la práctica, los defraudadores generalmente sólo reciben una simple tarifa posterior al estacionamiento si se detecta la infracción.
Por lo tanto, el municipio se enfrenta a un gran desafío. Las soluciones consideradas incluyen el desarrollo de nuevas tecnologías de verificación en tiempo real y mayores controles humanos. Sin embargo, estas medidas representan un coste importante para la ciudad. Sin una respuesta eficaz, este fraude corre el riesgo de arraigarse permanentemente en los hábitos de los automovilistas parisinos, comprometiendo la equidad del sistema de aparcamiento y penalizando a los usuarios legítimos de las plazas reservadas a las personas con discapacidad.
Esta situación pone de relieve los límites de la automatización de la aplicación de la ley y destaca la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con la supervisión humana para garantizar un sistema de estacionamiento justo y eficiente.
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