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Importante incorporación para la economía nacional

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lEl sector judicial marroquí atraviesa una profunda crisis, marcada por repetidas huelgas y un ascenso en las filas de diferentes profesiones jurídicas, en particular administrativos, alguaciles y abogados. Esta situación, que paraliza el funcionamiento de los tribunales, provoca importantes pérdidas económicas y suscita preocupación sobre el futuro del sistema judicial marroquí. Los secretarios, que desempeñan un papel esencial en el funcionamiento de los tribunales, exigen un cambio en su estatus profesional. Aunque las negociaciones habían comenzado el año anterior con las centrales sindicales, las promesas de reforma parecieron estancarse debido a los bloqueos a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, había previsto inicialmente deducciones en los salarios de los huelguistas, pero esta medida fue pospuesta, reflejando el deseo de aliviar las tensiones. Las huelgas encabezadas por los empleados tuvieron importantes consecuencias financieras. Los tribunales marroquíes registraron unas pérdidas estimadas entre 3,8 y 4 millones de dírhams durante este período de crisis. En particular, los juzgados de comercio de Casablanca sufrieron pérdidas de entre 1,3 y 1,5 millones de dírhams. Es más, este movimiento de protesta también ha tenido un impacto directo en el manejo de los asuntos legales a nivel nacional.

“Los asuntos actuales se han pospuesto para una fecha posterior, que coincide con otro día de huelga. Esto provoca una acumulación de expedientes ya pendientes, a los que se suman nuevos casos. Como resultado, las audiencias se congestionan y potencialmente sólo tres magistrados deben manejar entre 100 y 500 casos. Estos últimos se ven incapaces de investigar y juzgar adecuadamente los casos, lo que perjudica la calidad de las decisiones adoptadas”, afirma Omar Azougar, abogado de Agadir, París y Montreal y doctor en derecho. Según él, esta situación ha provocado una mayor congestión en los casos civiles y penales.

“Los jueces, ante una carga de trabajo insuperable, deben juzgar unos cincuenta casos en sólo dos o tres días. Esto conduce a decisiones judiciales que a menudo resultan poco convincentes, tanto para los magistrados como para los abogados y asesores jurídicos. Esta situación provoca una pérdida de confianza entre los litigantes, que cuestionan la calidad de la tramitación de su caso”, afirma Azougar.

Los litigantes…, grandes perdedores

Omar Azougar también explica que en términos económicos, el problema realmente no surge para el Estado, debido a la ausencia de pérdidas económicas directas. Sin embargo, plantea otro problema: la presencia de miles de funcionarios que reciben salarios sin compensación debido a las huelgas. Además, Azougar precisa que la verdadera pérdida económica radica en que los magistrados, que están disponibles para juzgar y desempeñar su misión, se encuentran en una situación delicada. “No pueden mantener las audiencias debido a la irregularidad en la formación de los tribunales, a menudo causada por la ausencia de secretarios. Si la formación del tribunal no se ajusta a la ley, todas las sentencias dictadas podrán ser declaradas nulas”, insiste. Los litigantes también se encuentran atrapados en la red de este sistema, siendo considerados el eslabón débil de este sistema.

“El litigante ve que su caso se prolonga sin sin visibilidad. El principio de un juicio dentro de un plazo razonable es constitucional y legal, y es un derecho fundamental. Desgraciadamente, una persona procesada por un delito simple puede encontrarse en prisión preventiva durante 5 a 7 meses, aunque su caso debería haber sido juzgado en un plazo preciso y razonable”, subraya el doctor en Derecho. Esta situación tiene repercusiones directas no sólo en el sistema judicial, sino también en los abogados, de los cuales entre el 70 y el 73% se encuentran en una situación financiera difícil debido a la paralización del sector, según nos informa una fuente fiable.

“La difícil situación que atraviesa la mayoría de los abogados, entre el 70% y el 73% debido a las crisis, pone de relieve el profundo impacto que las perturbaciones del sistema judicial pueden tener en los profesionales del derecho. Los retrasos en los procedimientos judiciales y la parálisis de los tribunales pueden reducir el número de casos tramitados, afectando directamente los ingresos de los abogados que dependen del progreso de los casos para su sustento. Además, estas crisis también pueden aumentar el estrés y la incertidumbre profesionales, haciendo que la práctica del derecho sea más compleja y menos predecible. Esto pone de relieve la necesidad de reformas para mejorar la eficiencia del sistema judicial, a fin de apoyar no sólo a los litigantes, sino también a los profesionales del derecho que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de la justicia”, explica Me Abdelhakim El Kadiri Boutchich. , juez del Tribunal Internacional de Resolución de Controversias “Incodir” de Londres.

Los “vestidos negros”, representados por el Colegio de Abogados de Marruecos, tomaron entonces posición. El 3 de octubre de 2024, los abogados decidieron boicotear las audiencias penales durante dos semanas, salvo los plazos legales, y organizar protestas semanales en varios tribunales. Su enfoque refleja una profunda insatisfacción por la ausencia de iniciativas serias para mejorar las condiciones laborales en el sector judicial.

Interrupciones financieras

Además, la paralización de los tribunales tiene un impacto significativo en las empresas marroquíes, especialmente las involucradas en disputas comerciales. “Los retrasos en la tramitación de los casos pueden provocar perturbaciones financieras, dificultades para hacer cumplir los contratos y una falta de resolución oportuna de las disputas, lo que puede perjudicar la planificación y la estabilidad empresarial. La digitalización del sistema judicial podría contribuir eficazmente a mejorar la eficiencia de los tribunales al acelerar la tramitación de los casos, reducir los retrasos y hacer que el sistema sea más accesible y transparente”, afirma Abdelhakim El Kadiri Boutchich. Cabe señalar que los retrasos acumulados en el sistema judicial también pueden generar un riesgo de pérdida de confianza en la justicia marroquí a largo plazo. Lo que evidentemente no deja de tener consecuencias para las inversiones extranjeras en Marruecos.

“Los retrasos en el sistema judicial marroquí pueden dañar la confianza y afectar la reputación internacional del país, reduciendo su atractivo para los inversores extranjeros. Buscan entornos que ofrezcan una resolución de disputas rápida y justa. El arbitraje, gracias a su rapidez, confidencialidad y flexibilidad, refuerza esta confianza al ser una alternativa eficaz a los procedimientos legales tradicionales. Al mejorar el acceso al arbitraje, Marruecos puede mejorar su reputación y atraer más inversiones, garantizando así protección y resolución eficaz de disputas para los inversores”, añade Boutchich.

Mata la confianza

Por su parte, Omar Mahmoud Bendjelloun, doctor en derecho internacional, abogado y académico, precisa que “el responsable de la crisis es el gobierno, en particular con sus revisiones legislativas en materia de procedimientos civiles y penales y de profesiones judiciales que cambian en el mal sentido de la cara y funcionamiento de la justicia. Es esta ofensiva, en particular un ataque al proceso justo, a la defensa de las personas y de las empresas y a los abogados, la que sigue acabando con la confianza entre la sociedad y la justicia y, por tanto, también entre la sociedad y el Estado. .

El 5 de octubre de 2024, la Orden Nacional de Alguaciles celebró una asamblea general extraordinaria en Rabat. Los diputados decidieron realizar un paro nacional de advertencia de una semana de duración del 14 al 19 de octubre, así como una suspensión de las notificaciones en los casos penitenciarios a partir del 21 de octubre. Esta movilización se produce en un contexto en el que los recientes proyectos de ley no responden a las expectativas de los funcionarios judiciales. , y donde se expresen claramente las preocupaciones sobre sus derechos y dignidad profesional.

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