Las discusiones, orquestadas por cinco sindicatos del taxi cuyo número supera hoy los 75.000 taxis, pusieron de relieve los numerosos desafíos que enfrenta el sector: falta de un marco legal adecuado, anarquía en la organización y tensiones crecientes debido a la proliferación de solicitudes no supervisadas. Subrayaron la urgencia de modernizar el sector para proteger los derechos de los profesionales y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de los usuarios.
El marco jurídico actual, basado en el dahir de 1963 relativo al transporte por carretera con vehículos de motor, se considera obsoleto. Los sindicatos instan al Ministerio del Interior a revisar este texto para regular mejor la actividad del taxi e integrar las realidades tecnológicas y económicas actuales.
La delicada cuestión de las aplicaciones VTC ha exacerbado las tensiones. Calificadas de “transporte clandestino”, estas plataformas extranjeras están acusadas de violar las leyes nacionales, creando así una competencia desleal que pone en peligro a los taxistas. Sin embargo, algunos creen que estas tensiones están alimentadas por grupos de interés, tanto propietarios de grandes flotas de VTC, que explotan la situación ilegal del sector, como propietarios de homologaciones múltiples, que se benefician de la legalidad sin participar activamente en los trabajos.
La Circular N° 750 establece que, tras el fallecimiento del titular de una licencia de taxi, el vehículo podrá circular durante seis meses. Sin embargo, si los herederos no pueden llegar a un acuerdo sobre el destino de la licencia, se retira el permiso de circulación y se prohíbe la circulación del vehículo, lo que provoca la pérdida de empleo para los conductores que no tienen otra alternativa.
En cuanto a la Circular N° 455, determina las condiciones de admisibilidad de las solicitudes de transferencia de licencias de taxi, especificando las personas autorizadas para presentarlas y los plazos. Sin embargo, crea barreras administrativas y una falta de claridad en el proceso de transferencia, lo que complica aún más la situación para los conductores. Esta imprecisión administrativa constituye un obstáculo importante para el buen desarrollo de las transferencias de autorizaciones y aumenta la confusión, en detrimento de los conductores que se encuentran en una situación de incertidumbre.
En respuesta, los sindicatos proponen desarrollar aplicaciones nacionales supervisadas por el Estado, garantizando la transparencia y el respeto a los datos personales, integrándose al mismo tiempo en el marco legal existente.
También exigen una reforma integral, que incluya aclarar las responsabilidades de las partes interesadas, modernizar las leyes e introducir soluciones tecnológicas apropiadas. La transformación tiene como objetivo fortalecer la competitividad de los taxis en un sector que cambia rápidamente.
Esta movilización sindical se produce en un clima de elevadas tensiones entre taxistas y conductores de VTC. Los sindicatos exigen una acción gubernamental rápida para establecer regulaciones claras, garantizar una competencia leal y garantizar servicios de calidad a los usuarios.
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