Aquí vamos de nuevo a dar una vuelta. Diez años después del lanzamiento de la primera iniciativa para las multinacionales responsables, una coalición multipartidaria lanzó este martes en Berna una segunda iniciativa “para las multinacionales responsables”. En la Suiza francófona, encontramos al ex Consejero de Estado de Vaud, Claude Ruey (PLR), al ex Consejero de Estado de Neuchâtel, Raphaël Comte (PLR), y a Dominique de Buman, ex Presidente del Consejo Nacional (Centro), ya muy implicados en el primer borrador.
En un comunicado de prensa publicado este martes, el comité de iniciativa señala que Suiza sigue siendo demasiado laxa: “Las empresas multinacionales con sede en Suiza violan periódicamente los derechos humanos y las normas medioambientales fundamentales”. Destaca algunos ejemplos desafortunados: “Una mina Glencore contamina toda una región en Perú, refinerías de oro como MKS Pamp importan oro problemático en Suiza, la multinacional de Ginebra IXM, activa en el comercio de metales, deja alrededor de 300.000 toneladas de residuos altamente tóxicos en Namibia, donde algunas multinacionales del chocolate todavía se benefician del trabajo infantil.
En noviembre de 2020, la primera iniciativa sobre multinacionales responsables fue aceptada por el 50,7% del pueblo suizo, pero rechazada por la mayoría de los cantones: 12 5/2 contra 8 1/2. El comité de iniciativa estuvo entonces copresidido por el ex fiscal general Dick Marty (PLR), fallecido desde entonces.
El 1 de enero de 2022 entró en vigor en Suiza una contrapropuesta indirecta a la iniciativa para las multinacionales responsables. Este texto, defendido por el Consejo Federal, obliga a las multinacionales a publicar un informe anual sobre su política en el ámbito de los derechos humanos. del hombre y del medio ambiente, particularmente en el ámbito de ciertos minerales “conflictivos” y del trabajo infantil. Pero no tiene nada de restrictivo.
Al igual que la primera, la nueva iniciativa “quiere obligar a las multinacionales suizas a respetar los derechos humanos y las normas medioambientales en sus actividades comerciales y a reducir sus emisiones nocivas para el clima”. (…) Las obligaciones previstas por la iniciativa se basan estrechamente en las normas internacionales en la materia y en las nuevas normas adoptadas en la UE. Se aplican a multinacionales a partir de 1.000 empleados y 450 millones de francos de facturación.
Para que las multinacionales respeten estas reglas, la iniciativa prevé que “las personas afectadas por violaciones de derechos humanos puedan solicitar reparación ante un tribunal suizo”.