El hombre, que ya llevaba un año y medio en prisión preventiva, fue acusado de haber falsificado títulos de propiedad y decisiones registrales. Sin embargo, un peritaje reveló que las firmas en disputa eran efectivamente las del curador. La defensa denunció a continuación la implacabilidad de la administración, motivada, según ella, por diferencias personales entre el acusado y sus superiores.
Por su parte, Conservación de Tierras destacó las “delitos sin precedentes” cometidas por el empleado el día de su salida, conducta considerada sospechosa. Sin embargo, algunos testimonios se han retractado y otros han insistido en la ausencia de pruebas directas. El imputado negó cualquier implicación en los expedientes en disputa, presentándose como un simple verdugo.
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Más allá de este caso individual, el asunto puso de relieve las disfunciones del servicio de conservación de tierras. Varios empleados insistieron en la ausencia de procedimientos claros para la gestión de expedientes y la transferencia de responsabilidades; una organización a veces caótica que pudo haber facilitado las acciones del ex empleado.
Recordemos que el caso comenzó tras una denuncia del registrador de la propiedad de Tánger contra “M. Este último, que dimitió en marzo de 2023, fue acusado de haber falsificado la firma del curador en varios expedientes. Despedido de la función pública, fue acusado de haber accedido al servicio de archivos sin autorización para falsificar documentos.
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