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La parlamentaria Clémence Guetté asegura que el texto que aumentó la edad de entrada de 62 a 64 años podría ser cuestionado por un acto reglamentario y no por una ley. Un camino improbable.
Gobernar sin una mayoría estable en la Asamblea: este es el desafío que espera, como antes que él Michel Barnier, el próximo Primer Ministro. Y en particular para lograr, si viene desde las filas de la izquierda, una de las reivindicaciones emblemáticas del NFP: la derogación de la reforma de las pensiones de abril de 2023, que había aumentado la edad de jubilación de 62 a 64 años. partida.
Para Clémence Guetté, diputada del LFI en Val-de-Marne, varias medidas podrían ser tomadas directamente por el poder ejecutivo. Incluido el relativo a la reforma de las pensiones. “Derogar la odiosa reforma de las pensiones a los 64 años se puede hacer por decreto”declaró en el plató de France 2, el jueves 5 de diciembre.
Problema: la edad legal de inicio de 62 a 64 años a partir de la generación de 1968, establecida por la reforma de abril de 2023, fue fijada por ley y no por decreto. Por lo tanto, sería necesaria una nueva ley para modificarlo. De lo contrario, se corre el riesgo de que este decreto sea anulado por el Consejo de Estado, responsable de garantizar que los actos reglamentarios sean conformes a la ley.
Realizar una “rebaja”
Una de las medidas que fue remitida, en la ley de 2023, por decreto, es el cronograma para el aumento gradual de esta edad, de 62 a 64 años, para las personas nacidas entre septiembre de 1961 y diciembre.
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