El asunto causó revuelo en 2017 en el mundo de las asociaciones de asistencia personal. Siete años después, la justicia dictó sentencia en este caso que salpicó la red de Ayuda a domicilio en zonas rurales de Alta Córcega (ADMR 2B).
El tribunal penal de bastia Condenó, este miércoles 27 de noviembre, al ex director de esta federación de asociaciones a 18 meses de prisión, incluido un año, por “fraude” y “abuso de confianza”. Una frase flexible desde el principio -lo que le impide volver a ser encarcelado- pero acompañado de una multa de 40.000 euros.
La justicia, por su parte, lo absolvió Christian Beneforti de “blanqueo de fraude fiscal” por el que también fue procesado. No obstante, estos últimos deberán pagar una indemnización de 74.000 euros en la ADMR de Alta Córcega. Allá Comunidad de Córcegatambién parte civil en este caso, solicitó el aplazamiento de la audiencia sobre los intereses civiles que le conciernen.
“No hay gastos derrochadores”
“Esta decisión se produce ocho años después de los hechos, que admitió parcialmente y se responsabilizó.reacciona Julien Gasbaouipara la defensa. Esta es una sentencia severa considerando la antigüedad del caso. Beneforti cuestiona gran parte de la prevención. Nos preguntamos cuál es el propósito de colocarle una pulsera electrónica después de tantos años”.
¿En el origen de este asunto? un informe de Tracfinorganismo del Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de luchar contra el blanqueo de capitales. Uso de la tarjeta bancaria de la estructura, facturas falsas, reembolsos ficticios… la justicia acusó al ex director de ADMR 2B de haber utilizado, entre 2011 y 2016, fondos de la asociación para sus necesidades personales, por un importe de aproximadamente 180.000 euros.
“Las cantidades pregonadas por la fiscalía se reparten en seis añosapóyame Julien Gasbaoui. Se trata de pequeñas sumas que los responsables de las estructuras están acostumbrados a comprometer y que, acumuladas a lo largo de los años, representan una cifra importante. No hay gastos excesivos. Los gastos impugnados son probables y coherentes con respecto al funcionamiento del ADMR. Se solicita al Sr. Beneforti que presente pruebas, factura por factura, de que estas sumas fueron pagadas por la asociación. Lo cual, después de tantos años, y cuando la investigación le privó de todo acceso a esos documentos, es físicamente imposible. Consideraremos presentar una apelación”.
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