doPateado por la puerta, Amazon regresa por la ventana. Desde octubre de 2023, la plataforma de comercio online está obligada a cobrar un mínimo de 3 euros por cada entrega de libros para cualquier pedido inferior a 35 euros. Esto necesariamente frena sus ventas, ya que, anteriormente, sus suscriptores Prime sólo pagaban 1 céntimo de euro por este servicio.
Convencida de haber encontrado el fallo en el sistema, la filial francesa del gigante del comercio en línea anunció la implementación de una solución de entrega gratuita de libros, utilizando… sus propias taquillas automáticas. La empresa cuenta con una red de 2.500 puntos de recogida, ubicados principalmente en pequeñas localidades o zonas rurales, especialmente en centros comerciales donde se venden libros.
Géraldine Codron, responsable de libros de Amazon.fr, estuvo encantada de poder “esta nueva oferta práctica y económica” para lectores. Y esto mientras, según los términos de la ley de economía del libro, la entrega de libros nuevos “no puedo bajo ninguna circunstancia” ser libre, “a menos que el libro se recoja en una librería minorista”.
“Un actor sin fe ni ley”
Como era de esperar, el Sindicato Francés de Librerías (SLF) duda de la legalidad de este proceso, y Guillaume Husson, su delegado general, nos recuerda repetidamente que Amazon es “un actor sin fe ni ley, que ataca un texto apoyado por el gobierno y votado por unanimidad por los parlamentarios”. Sobre todo, se pregunta si “Basta con estar dentro de un hipermercado para cumplir los términos de la ley”.
Esta nueva ofensiva se produjo tras el fallo del Consejo de Estado emitido en mayo. Incautado por Amazon, para quien la ley sobre la economía del libro es “contrario a los derechos e intereses de los consumidores” y puede “penalizar a los lectores, a los autores y a la lectura en general”, el alto tribunal había remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La disputa entre libreros y Amazon no es nueva. En plena pandemia de Covid-19, los libreros independientes clamaron por el carácter desleal de la competencia que les estaba imponiendo Amazon. Los libreros afirmaron que enviar un libro les costaba entre 6 y 7 euros y que perdían dinero al enviar un libro de bolsillo a un cliente por correo. Posteriormente, el Estado asumió, en noviembre y diciembre de 2020, los gastos de envío de los libreros para permitirles competir en igualdad de condiciones con Amazon, Fnac o Cultura.
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