Tras convocar a los padres de menores implicados en la violencia urbana a medida que se acerca el Año Nuevo, el prefecto del Bajo Rin, Jacques Witkowski, se encuentra en el centro de una polémica.
El Sindicato de Abogados de Francia (SAF) denuncia injerencias en el ámbito judicial y prácticas consideradas discriminatorias.
La presunción de inocencia “manifiestamente burlada”
La SAF cuestiona cómo el prefecto pudo obtener información sensible, como la identidad y la nacionalidad de los menores, pero también cómo pudo conocer las acusaciones formuladas contra ellos. Estos datos, protegidos por el secreto de la investigación, no deben en ningún caso ser accesibles fuera del marco judicial. El sindicato recuerda que el principio de presunción de inocencia ha sido “manifiestamente vulnerado”.
La fiscalía de Estrasburgo no fue informada ni consultada antes de estas citaciones. Una falta de coordinación que plantea dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos legales. Interrogada sobre este punto por la AFP, la prefectura no dio una respuesta inmediata.
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“Intromisión del prefecto”
El sindicato considera que esto es una “injerencia del prefecto en los poderes del fiscal y del juez de menores” y señala también una confusión de funciones entre el poder ejecutivo y el judicial. “La separación de poderes es un pilar del Estado de derecho”, recuerda, criticando un enfoque que presupone la culpabilidad de los menores antes de cualquier sentencia.
En las cartas enviadas, el prefecto convocó a los padres extranjeros, mencionando una posible revisión de su derecho de estancia. Se invita a los padres franceses a ponerse en contacto con los servicios sociales para compensar sus posibles “fracasos educativos”.
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Una estrategia de “chantaje administrativo”
Para el SAF, esta distinción entre padres franceses y extranjeros refleja una forma de trato desigual. El sindicato insiste: ningún texto legal permite vincular el derecho de residencia de los padres al comportamiento del niño. Califica esta actitud de “chantaje administrativo” y critica el intento de estigmatizar a las familias extranjeras.
Más allá de las cuestiones jurídicas, el SAF denuncia una operación destinada a influir en la opinión pública, jugando con discursos populistas y potencialmente racistas. Una estrategia que el sindicato considera peligrosa, tanto para la cohesión social como para los principios fundamentales de justicia.
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