El sector turístico español, ya debilitado por las secuelas de la pandemia, se enfrenta a un nuevo calvario. A partir de hoy, 2 de diciembre de 2024, entra en vigor una controvertida ley, denominada «loi Gran Hermano» por profesionales, entra en vigor. Esta medida, que impone obligaciones sin precedentes a las empresas, plantea muchas preguntas. ¿En qué consiste esta legislación y cuáles serán sus consecuencias para los agentes turísticos y los viajeros?
Una ley polémica que se debate
Detrás de su nombre oficial, “real decreto 933/2021”, la “ley Gran Hermano” alimenta una viva controversia. Requiere que las empresas turísticas (hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos) recopilen y transmitan una amplia gama de datos personales de los viajeros al Ministerio del Interior español.
La información solicitada es numerosa: nombre, dirección, número de pasaporte, datos bancarios, historial de transacciones, itinerarios de viaje, antecedentes, relaciones entre viajeros y mucho más. Existen cerca de 40 tipos de información para una reserva de alojamiento, cifra que llega a 60 para el alquiler de un vehículo.
Estos datos, una vez recopilados, se transmitirán en tiempo real al Sistema de Gestión de Información para la Seguridad (SGIS), una plataforma centralizada que tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional garantizando una trazabilidad precisa de los movimientos turísticos.
El incumplimiento de esta ley expone a las empresas a severas sanciones. Las multas pueden alcanzar los 30.000 euros por infracciones graves, como negarse a transmitir información o proporcionar datos incompletos o incorrectos.
Las repercusiones de la ley Gran Hermano en el sector turístico español
Según el gobierno, esta ley pretende sobre todo reforzar la seguridad interior y mejorar sigue el flujos turísticos. Sin embargo, los profesionales del sector expresan profundas preocupaciones.
Uno de los puntos más controvertidos es el impacto en la privacidad de los viajeros. Asociaciones como Ectaa (Asociaciones europeas de agentes de viajes y operadores turísticos) denuncian una posible violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Destacan los mayores riesgos de ciberataques o abusos relacionados con la exposición de datos confidenciales.
A pesar de los llamados a posponer y revisar la medida, fue adoptada por mayoría parlamentaria en el Congreso y el Senado españoles y entró en vigor hoy. No faltan las críticas: los profesionales temen que esta carga administrativa y la sensación de vigilancia disuadan a los turistas extranjeros, agravando los desafíos de una industria ya debilitada. Además, las empresas deben invertir en costosas infraestructuras para cumplir con estas nuevas obligaciones, aumentando así sus cargas financieras y administrativas.
La ley del Gran Hermano sitúa a las empresas turísticas en el centro de un sistema de vigilancia sin precedentes. Si bien tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional, esta medida corre el riesgo de infringir la privacidad de los viajeros y empañar la imagen de España como destino acogedor. El debate está lejos de terminar y sus efectos concretos en el sector aún deben evaluarse.
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