Una nueva tregua entró en vigor el miércoles 27 de noviembre en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, donde los enfrentamientos entre tribus chiíes y suníes dejaron 111 muertos en una semana, según dos miembros de las autoridades locales.
La violencia estalló el jueves, cuando una decena de hombres armados abrieron fuego contra dos convoyes de familias chiítas escoltados por la policía, en el distrito de Kourram. En represalia, los chiítas quemaron cientos de tiendas y casas el viernes y sábado, y desde entonces han continuado los enfrentamientos, a veces con armas pesadas.
Entre los asesinados se encuentran “79 chiítas y 32 suníes”dijo a la Agencia France-Presse (AFP) un miembro de la administración local que pidió el anonimato, que informó de 88 heridos. Otro miembro de las autoridades provinciales confirmó estas cifras a la AFP.
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« Baño de sangre »
Desde julio, suníes y chiíes se enfrentan periódicamente, sobre todo por cuestiones territoriales, en la región, donde el número de muertos asciende ya a 190, según fuentes reiteradas citadas por la AFP. Ya se habían declarado varias treguas decretadas por consejos tribales llamados “jirgas”. Se rompió una nueva tregua, anunciada el domingo por la noche, y hasta el miércoles se informó de tiroteos intermitentes en varias aldeas.
Por la noche, la jefatura del gobierno provincial anunció en un comunicado de prensa que un nuevo “alto el fuego de diez días” era “entró en vigor”. “Las negociaciones continuarán para garantizar una paz duradera, se desplegarán tropas en lugares estratégicos y se pagarán compensaciones” a las familias de las víctimas y a aquellos cuyas casas o negocios fueron quemados, añadió.
Desde el sábado se habían convocado nuevas jirgas y se había enviado a funcionarios provinciales en helicóptero desde Peshawar, la capital provincial, para tratar de poner fin a lo que miles de manifestantes chiítas reunidos en todo el país denunciaron como un « baño de sangre ».
Las autoridades locales dicen que son incapaces de hacer frente a este tipo de situaciones, debido a la falta de personal policial o administrativo, mientras tanto el gobierno federal como el provincial luchan por imponer su autoridad, socavada por códigos de honor tribales.
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