Juan Carlos I, de 86 años, vuelve a ser objeto de polémica. El exrey de España, exiliado en Abu Dabi desde 2020, es objeto de una denuncia presentada por exmagistrados y personajes públicos. Cuestionan las regularizaciones fiscales llevadas a cabo entre 2014 y 2018. Un período durante el cual varios millones de euros de ingresos procedentes de donaciones de monarquías del Golfo, de empresarios o incluso de viajes privados habrían sido omitidos en las declaraciones de impuestos.
Sin embargo, para José Antonio Martín Pallín, exmagistrado superior del Tribunal Supremo y uno de los demandantes, esto no es suficiente: “En un Estado democrático la última palabra siempre la tiene un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo”, afirma. declaró al canal TVE. El grupo de demandantes, formado por magistrados, filósofos y periodistas, no pide pena de prisión. “No tenemos el menor interés en que se impongan penas de prisión ni que nadie vaya a prisión. Lo que estamos pidiendo es que la multa que marca la ley se aplique en su nivel máximo”, dijo Martín Pallín.
Esta nueva denuncia vuelve a poner de relieve las zonas grises que rodean las finanzas del ex rey y reaviva los debates sobre su legado y su papel en la historia moderna de España.
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