Lo repitió durante toda la campaña presidencial estadounidense: Donald Trump está convencido de que los demócratas utilizaron el sistema judicial para manipular los resultados electorales. En este espíritu, y tan pronto como se confirme la victoria, sus abogados piden el “despido inmediato” de la causa contra el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, vinculado a presuntos pagos efectuados a Stormy Daniels, estrella de cine para adultos, en 2016 para encubrir Escándalos sexuales que podrían perjudicar su campaña.
En carta dirigida al juez Juan Merchán, distribuida por noticias del zorroTodd Blanche, abogado de Donald Trump, afirma: “El 5 de noviembre, el pueblo emitió un mandato que anula las motivaciones políticas de la fiscalía del distrito de Manhattan. Este asunto debe cancelarse de inmediato. » La elección de Trump, según sus abogados, invalidaría cualquier legitimidad de este procedimiento.
El argumento de la inmunidad presidencial
Los abogados de Trump argumentan que este procedimiento viola el principio de inmunidad presidencial, y para ello se basan en la jurisprudencia de la Corte Suprema que data de 1982. En este caso, la Corte dictaminó que el expresidente estadounidense Richard Nixon no podía ser procesado civilmente por decisiones realizadas durante su mandato. Amplían esa interpretación para incluir actos de campaña, argumentando que Trump debe estar protegido del procesamiento, incluso por acciones anteriores a su presidencia.
Sin embargo, esta interpretación de la ley es cuestionada. Los pagos ocultos vinculados a Stormy Daniels se relacionan con supuestos actos realizados antes del mandato de Trump y en un entorno personal, lo que los excluiría del alcance de la inmunidad presidencial.
Seguir adelante con este caso sería “profundamente desestabilizador” para el país
A la espera de una decisión sobre su solicitud de anulación, los abogados de Trump también pidieron una suspensión inmediata del procedimiento contra su cliente. Todd Blanche pidió al juez que permitiera la presentación de una moción formal antes del 20 de diciembre de 2024 y que suspendiera todos los plazos judiciales. Según él, llevar adelante este caso sería “profundamente desestabilizador” para el funcionamiento del gobierno y de la nación, tanto a nivel nacional como internacional.
En respuesta, aunque sigue oponiéndose firmemente a una anulación, Alvin Bragg solicitó un aplazamiento del caso hasta 2029, el año en que termina el mandato de Donald Trump. Sin embargo, sugirió que estaba dispuesto a examinar los argumentos esgrimidos por la defensa. Mientras tanto, el juez Merchan suspendió temporalmente los plazos judiciales, incluida la fecha de sentencia originalmente fijada para el 26 de noviembre de 2024, para permitir que el 47º presidente de Estados Unidos asuma el cargo.
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