La sentencia, que podría ir desde una multa hasta prisión -hipótesis poco probable según los observadores- debería haber sido pronunciada por primera vez el 11 de julio por el juez Juan Merchán, pero el magistrado acordó aplazarla por primera vez el 18 de septiembre y luego. el 26 de noviembre, es decir dentro de una semana, para estudiar nuevos recursos de los abogados defensores.
Estos últimos piden ahora “la suspensión y el sobreseimiento (del caso) para evitar que el presidente Trump”, que asumirá el cargo el 20 de enero, “sea impedido de gobernar”.
El martes, mientras el juez aún no había pronunciado su decisión, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, demócrata electo, indicó que se opondría a una cancelación total del procedimiento, aunque consideró que la congelación de los procesamientos “hasta el final del mandato presidencial” de el 47º presidente de Estados Unidos debería ser una opción a “considerar”. Por tanto, no se opone a una nueva remisión.
El equipo de Donald Trump lo vio inmediatamente como una “victoria total y definitiva”, afirmando que “este juicio infundado está congelado” mientras la decisión recae en el juez Juan Merchán.
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