Anunciada por la ministra del Interior, Nancy Faeser, esta medida, adoptada gracias a la nueva reforma del Código Schengen adoptada en 2024, tiene como objetivo contener el resurgimiento de la migración ilegal en Alemania, luchar contra el crimen organizado transnacional y proteger al país contra la amenaza terrorista.
Sin embargo, a pesar de los motivos declarados por la Sra. Faeser de fortalecer la seguridad nacional de un país “agotado” de acoger refugiados, esta orden restrictiva ha suscitado críticas, tanto a nivel interno como de los países vecinos.
Según la prensa local y europea, el régimen de fronteras impuesto por el gobierno federal alemán está poniendo a prueba el espíritu fundador de la Unión Europea (UE) y planteando interrogantes sobre el futuro de esta zona, en principio sin fronteras.
Esta decisión, que el Código Schengen sólo permite “en caso de amenaza a la seguridad del Estado” o “en respuesta a situaciones excepcionales”, se considera un ataque a uno de los principios fundamentales de la UE: la libre circulación de mercancías y personas.
Notificada el lunes pasado a la Comisión Europea de conformidad con el código de la UE, esta medida pretende responder, según Faeser, a los recientes incidentes de violencia y crímenes con arma blanca cometidos por refugiados, que han “afectado gravemente el sentimiento de seguridad y de paz interior”.
Los recursos de Alemania para acoger y atender a los refugiados están “alcanzando los límites de lo soportable”. “Están sobrecargados (…) Ningún país del mundo puede acoger a refugiados indefinidamente”, afirmó Faeser.
Aunque los argumentos que justifican esta decisión parecen legítimos, las reacciones de los países vecinos no se hicieron esperar tras el anuncio.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó las medidas de “inaceptables” y pidió un mayor compromiso con la vigilancia y la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, incluso con Bielorrusia, Ucrania y el enclave ruso de Kaliningrado.
En este contexto, anunció consultas con otros Estados interesados para discutir una acción conjunta sobre este tema.
Por su parte, el ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner, afirmó que su país no aceptaría la devolución de los inmigrantes rechazados por las autoridades alemanas en la frontera. No obstante, se mostró “optimista” respecto de que Alemania finalmente estuviera abordando lo que él consideraba un importante problema de inmigración ilegal en Europa.
En respuesta a estas críticas, el canciller alemán Olaf Scholz defendió el refuerzo de los controles fronterizos explicando que otros países de la UE no respetan sus obligaciones en el marco de la política migratoria común, en particular el sistema de Dublín.
Alemania, primera potencia económica del continente, situada en la encrucijada de Europa occidental y oriental, se encuentra ahora en el centro del debate sobre el futuro de la cohesión europea.
A medida que aumentan la presión migratoria y las preocupaciones en materia de seguridad, varios observadores alemanes temen un “efecto dominó” y el fin de la “época dorada” del espacio Schengen. Este régimen restrictivo podría alentar a otros países a adoptar medidas similares, fragmentando aún más Europa y poniendo en tela de juicio la utilidad de su Unión.
La decisión de Alemania de imponer controles fronterizos, en medio del ascenso de partidos de extrema derecha, también podría alentar a los euroescépticos a cuestionar la integración europea o ser vista como una validación de argumentos antieuropeos, dijo.
Aunque todavía queda por evaluar el impacto práctico de los controles, desde el 16 de octubre de 2023 la policía federal ha reportado alrededor de 52.000 entradas ilegales y 30.000 expulsiones en las fronteras con Polonia, Chequia, Austria y Suiza, según Faeser, quien elogia la eficacia de estas medidas.
En la frontera terrestre con Austria, los controles están previstos actualmente hasta el 11 de noviembre de 2024, mientras que en las fronteras con Suiza, la República Checa y Polonia permanecerán en vigor hasta el 15 de diciembre de 2024.
Alemania no es el único país europeo que ejerce controles en las fronteras interiores de la UE. Otros siete Estados Schengen, especialmente afectados por el azote de la migración, también aplican controles en sus fronteras: Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Eslovenia y Suecia.
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