“¡Es el regreso de la policía moral en las redes sociales! »exclama Wassim El Pocho (nombre ficticio), creador de contenidos en Instagram y TikTok. En el mundo de los influencers tunecinos, todo cambió el 27 de octubre, tres semanas después de la reelección del presidente Kaïs Saïed con el 90,7% de los votos, según un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia.
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Anunció que se iniciaría un proceso penal contra “toda persona que intencionadamente se dedique a la producción, difusión o publicación de información, imágenes o vídeos que puedan menoscabar los valores morales”. La advertencia se dirigió específicamente a las plataformas TikTok e Instagram, acusadas de difundir contenidos contrarios a la “buenas costumbres” y “probablemente tenga un impacto negativo en el comportamiento de los jóvenes”.
Entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, al menos siete influencers, cada uno de los cuales cuenta con cientos de miles de suscriptores, fueron condenados a penas que van de dieciocho meses a cuatro años y medio de prisión, en particular por contenidos considerados contrarios a las buenas costumbres. Estas decisiones judiciales se basaron en disposiciones del código penal y del código de telecomunicaciones. “Se trata principalmente de contenidos considerados eróticos, groseros o considerados acoso o llamados a la violencia.explica Nour Shaiek, abogado de uno de los prevenido. Acumularon las penas aplicando varias disposiciones legales a un mismo acto. A todos nos sorprendió su severidad. »
Farid Ben Jha, portavoz de los tribunales de Monastir y Mahdia, confirmó a la radio nacional el 6 de noviembre que las sanciones máximas se impusieron con carácter disuasorio.
“Víctimas expiatorias”
Entre los encarcelados se encuentra la famosa Instagrammer “Lady Samara”, seguida por más de un millón de suscriptores. Embarazada de cinco meses, fue condenada en primera instancia a tres años y dos meses de prisión por, entre otras cosas, realizar comentarios de carácter sexual. “Durante la audiencia de mi clienta, quien cuestionó el carácter ilegal de sus videos, el juez respondió que la pregunta era más moral que jurídica”denuncia su abogado, Ghazi Mrabet, que recurrió la decisión. Espera que se reduzcan las penas, aunque cree que al imponer sanciones tan severas la justicia pretende “asustar, como con los periodistas”.
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