El órgano de seguimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el lunes que había solicitado una investigación externa sobre las acusaciones de “presunta mala conducta” del fiscal general Karim Khan. “Tomo nota de la declaración realizada hoy por el presidente de la Asamblea de los Estados Partes”, afirmó el fiscal de la CPI, que niega las acusaciones en su contra.
Karim Khan fue noticia en mayo cuando pidió a la CPI que emitiera órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y tres altos funcionarios de Hamás. El presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), Paivi Kaukoranta, había declarado que era necesaria una investigación externa “para garantizar un proceso completamente independiente, imparcial y justo”.
Karim Khan, de 54 años, también dijo que acogía con satisfacción la investigación y “la oportunidad de participar en este proceso”. “Continuaré con todas mis demás funciones como fiscal, de acuerdo con mi mandato, en situaciones competencia de la Corte Penal Internacional”, anunció.
Según varios medios de comunicación, el fiscal general de la CPI fue acusado de comportamiento sexual inapropiado hacia un miembro de su personal, acusaciones que declaró infundadas. “Con profunda tristeza comprendí que se iban a hacer públicos informes de mala conducta sobre mí”, dijo Karim Khan en un comunicado el mes pasado.
La CPI aún no ha decidido si otorgará las órdenes que solicitó contra dos altos políticos israelíes y líderes de Hamás. Karim Khan también solicitó y obtuvo una orden de arresto de la CPI contra el presidente ruso Vladimir Putin, quien respondió emitiendo órdenes de arresto contra el propio fiscal.
El fiscal británico defendió ferozmente la independencia de su oficina en la CPI, advirtiendo a sus críticos que no lo amenazaran o se arriesgaran a encontrarse en una situación legal delicada. En su declaración refutando las acusaciones, Karim Khan explicó que muchos ataques y amenazas estaban dirigidos a él y a la CPI.
La CPI, con sede en La Haya, investiga y procesa genocidios, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión.