A pesar de un inminente cambio de liderazgo en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el regulador continúa con sus esfuerzos de aplicación de la ley, incluida su apelación contra Ripple Labs.
El director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty, confirmó que la SEC procederá a presentar un escrito en su apelación de una sentencia a favor de la firma blockchain.
La batalla legal en curso surge de una demanda de diciembre de 2020 que alega que Ripple utilizó XRP como un valor no registrado para recaudar fondos. En agosto de 2024, un tribunal federal falló parcialmente a favor de Ripple, declarando a la empresa responsable de 125 millones de dólares, pero rechazando la afirmación de la SEC de que XRP califica inherentemente como un valor. La apelación de Ripple no cuestiona este aspecto de la decisión.
Alderoty criticó la persistencia de la SEC, calificándola de “pérdida de tiempo y de dinero de los contribuyentes”. El director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, también sugirió que el nuevo liderazgo de la SEC bajo el presidente electo Donald Trump puede cambiar el enfoque de la agencia hacia la regulación de las criptomonedas.
Trump prometió destituir al actual presidente de la SEC, Gary Gensler, cuyo mandato ha enfrentado críticas de la industria de la criptografía. Está previsto que Gensler dimita el 20 de enero, y Trump propondrá al ex comisionado Paul Atkins como sucesor, pendiente de la aprobación del Senado.
La participación de Ripple en el panorama político ha sido notable. La compañía donó 45 millones de dólares al PAC pro-cripto Fairshake durante el ciclo electoral de 2024, y se comprometieron 25 millones de dólares adicionales para las elecciones intermedias de 2026. El propio Alderoty contribuyó con más de 300.000 dólares a los esfuerzos de recaudación de fondos alineados con Trump.
Específicamente, Ripple sostiene que sus ventas de XRP a instituciones no deberían tratarse como transacciones de valores, ya que esto requeriría una “inversión de dinero en una empresa común con expectativas de ganancias derivadas únicamente de los esfuerzos” de Ripple.
Además, Ripple impugna la decisión del tribunal sobre el “aviso justo”, alegando que las declaraciones inconsistentes y ambiguas de la SEC sobre la aplicación de la ley federal de valores dejaron a Ripple sin una orientación adecuada.
Por su parte, la apelación de la SEC se centra principalmente en las afirmaciones de que los ejecutivos de Ripple, Brad Garlinghouse y Chris Larsen, violaron las leyes de valores al vender XRP y ayudar a las violaciones de Ripple. La apelación busca revisar los fallos del tribunal sobre las ventas de XRP en intercambios y las ventas personales por parte de los ejecutivos.
El choque de Ripple con la SEC, que comenzó en 2020, se centra en las afirmaciones iniciales de la agencia de que Ripple recaudó 1.300 millones de dólares a través de ventas de valores no registrados de XRP. Aunque un tribunal de Nueva York dictaminó el año pasado que las ventas programáticas de XRP de Ripple no violaban la ley de valores, exigió a Ripple pagar 125 millones de dólares por ventas institucionales directas, una cifra muy inferior a la multa de 2 mil millones de dólares propuesta por la SEC.
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