El juez en el caso penal de dinero secreto de Donald Trump ordenó el viernes 22 de noviembre que la sentencia se retrasara indefinidamente, una victoria legal para el presidente electo mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca. “Se… ordena que se conceda la solicitud conjunta de suspensión de sentencia en la medida que se postergue la fecha del 26 de noviembre de 2024”, dijo el juez Juan Merchán en auto.
Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves en mayo después de que un jurado determinara que había manipulado fraudulentamente registros comerciales para encubrir un presunto encuentro sexual con una estrella porno antes de las elecciones de 2016. Los fiscales argumentaron que ocultar la supuesta cita tenía como objetivo ayudarlo a ganar su primera candidatura a la Casa Blanca.
Trump, cuya sentencia estaba prevista para el 26 de noviembre, había luchado contra cualquier intento de sentenciarlo antes de su regreso a la presidencia en enero.
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El equipo legal de Trump ha citado un fallo de la Corte Suprema que otorga a los presidentes amplia inmunidad para actos oficiales. En ese fallo histórico, el tribunal, con una mayoría conservadora de 6 a 3, decidió que los presidentes tienen amplia inmunidad procesal por una variedad de actos oficiales cometidos mientras estaban en el cargo.
‘Moción de desestimación’
Antes de las elecciones, los abogados de Trump solicitaron que se desestimara el caso a la luz de la decisión de la Corte Suprema, una medida que los fiscales han rechazado firmemente. El viernes, el juez concedió permiso a Trump para buscar que se anule la condena, lo que probablemente signifique que se retrasarán varias audiencias más una vez que Trump preste juramento. “Se concede la solicitud del acusado de permiso para presentar una moción de desestimación…”. añadió la orden de Merchan.
En un caso separado de interferencia electoral de 2020, el fiscal especial Jack Smith decidió anular los plazos, retrasando el caso indefinidamente, pero aún sin abandonarlo por completo. La medida estaba en consonancia con la política de larga data del Departamento de Justicia de no procesar a los presidentes estadounidenses en ejercicio.
El fiscal de Manhattan reconoció previamente en correspondencia con el tribunal que “estas son circunstancias sin precedentes” y pidió que se equilibren los intereses en competencia entre el veredicto del jurado y la elección de Trump.
El ex fiscal general de Trump, Bill Barr, dijo anteriormente que tanto el caso de Nueva York como otros en todo el país habían sido “claramente presentados con fines políticos (y) ahora han sido ampliamente ventilados y rechazados en el tribunal de la opinión pública”. Trump se ha burlado repetidamente del caso del dinero para mantener su silencio calificándolo de una caza de brujas, diciendo que “debería terminarse legítimamente”.
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Además del caso de Nueva York, presentado por fiscales estatales, Trump enfrenta dos casos federales activos: uno relacionado con su intento de anular las elecciones de 2020 y el otro relacionado con documentos clasificados que supuestamente manejó mal después de dejar el cargo.
Sin embargo, como presidente, podría intervenir para poner fin a esos casos y, según se informa, Smith, el fiscal especial que se ocupa de ambos casos, ha comenzado a poner fin a ellos. Un juez federal designado por Trump ya desestimó el caso de los documentos, pero Smith había intentado apelar esa decisión.
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