Después de un mes y medio de audiencia en el proceso contra los asistentes parlamentarios europeos de la Agrupación Nacional – entonces todavía Frente Nacional -, Marine Le Pen fue fijada este miércoles por la tarde sobre las penas solicitadas por la fiscalía en su contra. su partido y sus ejecutivos, ex eurodiputados y ex asistentes parlamentarios. Contra el tres veces candidato presidencial, la fiscalía solicitó cinco años de prisión, dos de los cuales podrían ser suspendidos, y cinco años de inhabilitación. y 300.000 euros de multa.
Inelegibilidad inmediatamente aplicable
La Fiscalía solicitó que esta pena de inelegibilidad vaya acompañada de ejecución provisional, es decir que se aplique a partir de la condena, incluso si el titular de los diputados de la RN apelara, al considerar que no será responsable de las “ambiciones” políticas de los imputados. Semejante sentencia “prohibiría a los acusados presentarse a futuras elecciones locales o nacionales”, confirmó el fiscal.
El fiscal solicitó una pena de inhabilitación con ejecución provisional contra los otros 24 acusados, no necesariamente de la misma duración. Así, contra el diputado RN de Yonne Julien Odoul se exigía un año de inhabilitación y 10 meses de prisión en suspenso. El alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, se enfrenta a 18 meses de prisión, 12 de los cuales en suspensión de pagos, y a tres años de inhabilitación. Finalmente, contra el partido, la fiscalía solicitó una multa de dos millones de euros. El final del juicio está previsto para el 27 de noviembre, con una deliberación de sentencia.
Los daños económicos se estiman en 4,5 millones de euros
La justicia sospecha que los 26 acusados han hecho trabajar a los asistentes parlamentarios de los diputados europeos, remunerados por el Parlamento de Estrasburgo y de Bruselas, en beneficio del partido único, que entonces era el Frente Nacional.
En el tribunal de París, los dos fiscales que presentaron la acusación describieron en su escrito de acusación del miércoles un “sistema organizado” de malversación de fondos públicos en perjuicio del Parlamento Europeo. La institución europea estimó su daño financiero en 4,5 millones de euros, pero sólo reclama 3,4 millones, de los cuales se le ha reembolsado una parte.
“Un ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático”
La primera en hablar en nombre de la fiscalía, Louise Neyton, descartó cualquier idea de un juicio político. “No estamos aquí por implacabilidad o acusaciones, sino al final de una investigación judicial y de un procedimiento contradictorio”, aseguró el magistrado, denunciando hechos que “presentan, en términos de apropiación pública, un carácter sin precedentes por su magnitud, su duración y sobre todo por su organización optimizada, sistémica y sistemática.
El fiscal también rechazó el argumento de la defensa, que explica que el trabajo de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional era conocido por el Parlamento Europeo. “No”, dijo, “el Parlamento Europeo no ha validado estas situaciones. Sólo porque lo repitamos no significa que sea verdad. Todo el expediente demuestra lo contrario”. Según él, los eurodiputados del FN/RN mostraron “un evidente desprecio por las reglas de funcionamiento de la institución, provocando un ataque grave y duradero que esta operación ha provocado a las reglas del juego democrático”.
“No hay contenidos, ni valoraciones, ni intercambios”
“No hay presunción en este caso”, añadió el otro fiscal, Nicolás Barret, que se esforzó en resaltar las pruebas de la ausencia de trabajo legislativo por parte de los asistentes parlamentarios de RN, que los acusados aún lucharon por intentar demostrar a lo largo de los debates. “Una relación muy lejana con la verdad”, se burla, demostrando que esos elementos “no existen. No hay contenido, ni calificación, ni intercambios. »
Diseñado bajo la presidencia de Jean-Marie Le Pen, “este sistema adquirirá otra dimensión con la llegada de Marine Le Pen a la cabeza del partido”, creen además los representantes del Ministerio Público.
“Los diputados no son empleados del Parlamento Europeo”
Marine Le Pen, muy presente durante toda la audiencia en la que se presentó con la esperanza de proporcionar “educación” al poder judicial sobre el mundo político, negó categóricamente los hechos alegados.
En primer lugar, el ex abogado consideró que el trabajo de los asistentes parlamentarios es ante todo político y que, por tanto, va más allá de las simples misiones legislativas. “Los diputados no son empleados del Parlamento Europeo”, repite Marine Le Pen, según quien es la actividad política que define su acción y la de sus asistentes parlamentarios. “Escribe cartas, participa en la vida política de tu movimiento, en manifestaciones, en reuniones, habla en los medios de comunicación”, explica, juzgando que “es un error que el Parlamento Europeo no lo escuche”. »
Denunciando la falta de pruebas, Marine Le Pen asegura que la administración del Parlamento Europeo estaba al tanto de las prácticas del FN y, en particular, de la operación en “grupos” de asistentes parlamentarios de la que se acusa a los acusados. El tres veces candidato a las elecciones presidenciales no se muestra muy optimista en cuanto a una absolución y critica una “presunción de culpabilidad”.
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