Después de algunas vacilaciones en su comunicación, la tarde del jueves 28 de noviembre, el gobierno finalmente confirmó que tiene la intención de aumentar los impuestos sobre la tarifa regulada para la venta de electricidad a partir del 1es febrero de 2025, frente a la aplicada en 2024.
Suficiente para mitigar la caída de las facturas que, sin embargo, se espera debido a la caída de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. “He decidido no subir los impuestos a la electricidad en la factura de hacienda de 2025”afirmó sin embargo el Primer Ministro, Michel Barnier, por la tarde, durante una larga entrevista en el Fígaro.
Si se confirma el escenario transmitido por Matignon el jueves por la noche, la tributación aumentará de un año a otro, como ya había previsto el anterior ejecutivo. Pero no aumentará tanto como había previsto el actual gobierno de Barnier en octubre, al presentar su proyecto de ley de finanzas para 2025; lo que ahora podría explicar la equívoca frase del Primer Ministro.
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Según el plan de Matignon, los impuestos ascenderán el próximo año a 37,20 euros por megavatio hora (MWh), sin incluir el IVA sobre el consumo. Se trata de un salto de casi el 54% respecto al nivel actual, que es de 24,16 euros.
El fin del “escudo arancelario”
Entre los componentes impositivos, el principal cambio es el del antiguo impuesto interno al consumo final de electricidad (TICFE), ahora denominado fracción recaudada sobre la electricidad. Para justificar este aumento, el gobierno destaca el fin del “escudo arancelario”.
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En 2022, ante la crisis energética inflacionaria, este sistema de ayudas redujo el TICFE a 1 euro para los particulares. A principios de 2024, este impuesto especial (un impuesto indirecto) había aumentado a 21 euros. Entonces ya estaba previsto devolverlo, de aquí a 2025, al nivel anterior a la crisis inflacionaria. O unos 32 euros, si incluimos los antiguos impuestos municipales y departamentales.
Según el escenario presentado el jueves, esta fracción recaudada por la electricidad será finalmente de 29,98 euros el próximo mes de febrero, suponiendo que el tipo del IVA sobre la suscripción de un contrato aumente del 5,5% al 20%, para cumplir con la legislación europea.
En octubre, al presentar su proyecto de ley de finanzas para 2025, el ejecutivo consideró por primera vez una suma flexible de hasta 50 euros para el ex-TICFE. La medida habría permitido al menos 3.000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales para el Estado, frente a un impuesto especial de 32 euros. Muy impopular, fue objeto de una votación desfavorable en la Asamblea Nacional y en el Senado, lo que no impide al Primer Ministro la posibilidad de imponerla sin votación recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución.
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