Panamá ha suspendido relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), como ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores panameño en un comunicado oficial.
El Gobierno de la República de Panamá ha anunciado oficialmente la suspensión de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) “en el marco de las normas aplicables del derecho internacional”.
Según el comunicado oficial difundido: “La República de Panamá, privilegiando el interés nacional y fiel a los principios fundamentales de su política exterior, reafirma su convicción con los propósitos y valores que orientan el multilateralismo y reitera su voluntad de continuar apoyando los esfuerzos promovidos por el secretario general y la comunidad internacional, en el marco de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución pacífica, justa, duradera y aceptable para las partes involucradas en la cuestión del Sáhara Occidental, incluida la libre determinación de su pueblo”.
Panamá ha reafirmado de esta forma su “tradición de ser un país mediador”, como ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores panameño, reafirmando “su compromiso con el diálogo y la cooperación multilateral, en plena observancia a una política exterior constructiva y orientada a fortalecer la paz y la seguridad internacionales”.
De esta forma, Panamá apuesta por el diálogo y la negociación en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de cara a solventar el diferendo saharaui y por eso se desliga del vínculo con la RASD, una entidad que no es reconocida como un Estado como tal por gran parte de los países de la escena internacional y que defiende, junto con su organización afín del Frente Polisario, la celebración de un referéndum de independencia de la población saharaui. Un referéndum que no descarta Panamá, pero que debería estar consensuado por todas las partes implicadas en la cuestión del Sáhara Occidental.
Esta retirada del apoyo panameño a la RASD supone un duro golpe para esta entidad y para las tesis independentistas en torno al Sáhara Occidental. Sobre todo, teniendo en cuenta que Panamá fue la primera nación en reconocer a la RASD, y el país que albergó la que fue la primera supuesta Embajada del denominado desde varias partes como pseudo-Estado en América Latina (en 1980). La RASD pierde de esta forma el que fue su primer y más antiguo apoyo en América Latina.
Este movimiento político beneficia a Marruecos, país que considera el Sáhara Occidental parte de sus provincias del sur y que valora al máximo el asunto de la soberanía de la zona en defensa de su integridad territorial.
Marruecos plantea un Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental que otorgaría una amplia capacidad de maniobra para las autoridades saharauis dejando el territorio bajo soberanía marroquí, todo ello respetando las resoluciones de la ONU, con el objetivo de favorecer al máximo el desarrollo del Sáhara en todos los ámbitos y cerrar el diferendo saharaui, que dura ya casi cinco décadas desde la salida de España de la zona como potencia colonial.
Esta propuesta marroquí ha recibido el respaldo de más de 100 países, entre ellos potencias como Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Alemania o España, que la consideran como la más seria, creíble y realista para solucionar el problema territorial saharaui.
Ante ello, la RASD y el Frente Polisario abogan por la celebración de una consulta electoral entre la población saharaui para decidir sobre su soberanía, algo de difícil materialización por problemas como el de la elaboración de un censo electoral ya que hay una importante comunidad saharaui alojada en las denominadas provincias del sur marroquíes y otra parte más reducida que se ubica en campamentos de refugiados en la vecina Argelia donde padecen unas difíciles condiciones de vida, como han apuntado diversos analistas.
