Entre el gobierno de Giorgia Meloni y los jueces italianos, el conflicto continúa e incluso adquiere una dimensión transatlántica. De hecho, la líder nacionalista y conservadora recibió, el martes 12 de noviembre, el apoyo de su «amigo» Elon Musk, multimillonario con inclinaciones antiliberales y partidario del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La cuestión migratoria, en particular el asunto de los centros de detención italianos para inmigrantes instalados en Albania, sirve ahora como campo de batalla para un enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial, impulsado también por un proyecto de reforma de la justicia. Quienes se oponen a este texto lo ven como una maniobra fundamental destinada a socavar la muy fuerte autonomía de la que disfrutan los magistrados italianos.
Ciertamente, el conflicto entre políticos –particularmente de derecha– y jueces ha sido una característica estructural de la vida pública italiana durante tres décadas. Pero entre los opositores al ejecutivo, existe preocupación de que el gobierno dominado por la extrema derecha de Giorgia Meloni siga los pasos de fuerzas políticas antiliberales con las que comparte profundas afinidades, como el Fidesz de Viktor Orban en Hungría o los ultraconservadores de la Ley. y el Partido de la Justicia (PiS), que dominó la vida política polaca de 2015 a 2023.
Un nuevo episodio de este conflicto se produjo el lunes 11 de noviembre, cuando jueces de Roma invalidaron, por segunda vez en menos de un mes, la detención en Albania de inmigrantes rescatados en el mar por las autoridades italianas. Las estructuras construidas por Italia en el país balcánico, puestas en servicio a principios de octubre, siguen vacías, ya que los inmigrantes del segundo grupo pasaron allí tres noches antes de ser liberados y redirigidos a Italia.
Enemigos desde dentro
Sólo hombres solteros, considerados no vulnerables y provenientes de países definidos como “seguro” por la legislación italiana. Los inmigrantes devueltos a Italia el lunes son nacionales de Egipto y Bangladesh, dos Estados que pertenecen por ley a esta categoría. Sin embargo, el tribunal de Roma consideró que la definición de países “seguro” por Italia estaba en contradicción con los estándares europeos. En este caso, se refiere a una decisión según la cual un país no puede ser considerado generalmente seguro si sólo una parte de su territorio o de su población se beneficia de dicha seguridad. Por tanto, el caso fue remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), suspendiendo la detención de los inmigrantes en cuestión.
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