Al mismo tiempo, los dos ducados, que combinan tierras, propiedades y otros activos en Inglaterra y Gales, no pagan impuestos de sociedades ni impuestos sobre las ganancias de capital.
Para Norman Baker, ex diputado del centrista Partido Liberal Demócrata y crítico desde hace mucho tiempo de la familia real, esto confirma que ésta está “estafando al público”.
“Estas son tierras de la Corona que pertenecen al público (…) Todo este dinero debería ir al + Crown Estate +”, el patrimonio de la Corona cuyos ingresos se devuelven al Tesoro Público desde una ley que data de 1760, se queja. AFP.
Según esta ley, el 15% de los beneficios del “Crown Estate” se paga en una asignación anual (la Subvención Soberana) a la familia real para mantener sus activos y remunerar a los más de 500 empleados de la Windsor.
El año que viene, esta dotación ascenderá a 132 millones de libras (158 millones de euros).
La familia real asegura que los beneficios de los ducados de Lancaster de Cornualles financian las actividades públicas, caritativas y privadas del soberano y su heredero.
Estos dos ducados habían sido excluidos del acuerdo de 1760 porque en ese momento generaban muy pocos ingresos.
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Nada ilegal
Pero más de dos siglos después, están valoradas en alrededor de 1.800 millones de libras (2.160 millones de euros) y el año pasado obtuvieron 50 millones de libras en beneficios, según su informe anual.
Gracias a ello, Carlos III es una de las personas más ricas del Reino Unido con una fortuna personal estimada en 610 millones de libras (734 millones de euros).
Su Ducado de Lancaster recibirá en particular 12 millones de libras en 15 años alquilando un almacén a un hospital de Londres para estacionar sus ambulancias.
Por su parte, William firmó un contrato por valor de 37,5 millones de libras durante más de 25 años con el Ministerio de Justicia para alquilar el terreno en el que se encuentra la prisión de Dartmoor.
Esta investigación “muestra cómo los ducados buscan sacar provecho siempre que pueden, en detrimento del público”, denuncia Graham Smith, jefe del grupo antimonárquico Republic.
Ambos ducados rechazaron cualquier falta.
No es la primera vez que la familia real tiene que defenderse de sus propiedades.
En 2006, una influyente comisión parlamentaria cuestionó las importantes exenciones fiscales de las que se beneficia sobre estos activos. Pero el tema quedó entonces relegado a un segundo plano.
En 2013, el mismo comité pidió un mayor control por parte del Tesoro sobre las finanzas del Ducado de Cornualles.
Para Norman Baker, el Parlamento debería abordar este tema, al igual que el Gobierno.
Según él, el tema también es crucial para la familia real, porque sus finanzas son el punto en el que es “más vulnerable”.
Pero para David Haigh, director de la consultora financiera Brand Finance, los ducados de Carlos III y Guillermo funcionan como “cualquier gran patrimonio perteneciente a una familia aristocrática”.
Los ducados “simplemente actúan dentro de la ley en beneficio de su capital privado”, insiste, comparando a la familia real con empresarios como James Dyson o Richard Bronson.
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