Una sociedad por acciones simplificada unipersonal del exdelantero del Bastia, con domicilio en Furiani, estaba en el punto de mira de la justicia. Si bien la empresa fue puesta en liquidación forzosa en 2020, la cuenta corriente asociada seguía teniendo una deuda de 550.000 euros, lo que constituía, según la fiscalía, un abuso de patrimonio empresarial.
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